CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Un juez federal negó reconocer a Proceso como víctima en la averiguación previa que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el homicidio de la periodista Regina Martínez, perpetrado el 23 de abril de 2012.

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal negó el amparo solicitado por este semanario con el que buscaba acceder a la investigación en su calidad de víctima, tener la posibilidad de aportar todas las pruebas necesarias al ministerio público federal para dar con los responsables del asesinato de la periodista, entre otras funciones de apoyo.

Entre los alegatos de la revista estaba que los familiares directos o indirectos de la periodista no han podido ejercer un rol activo para impulsar las investigaciones, pero el juez señaló que esto no es justificación para que se le reconozca como víctima.

“Es importante señalar que aun cuando los familiares directos o indirectos de Regina Martínez, no ejerzan un rol activo en el impulso de las investigaciones, ni en el esclarecimiento de los hechos, esto no es justificación para que a la moral “Comunicación e Información”, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa editora de la revista Proceso, se le reconozca como víctima indirecta, puesto que es de advertir que el Estado es el obligado en realizar la investigación y persecución de los delitos, por lo que no puede recaer en los particulares dicha responsabilidad”, señaló el juzgador.

En su demanda, Proceso reclamó la determinación del ministerio público de no reconocerle la calidad de víctima pese a que el semanario argumentó que derivado del homicidio de Regina Martínez, se vio afectada directamente por la imposibilidad de seguir publicando su trabajo.

El juez coincidió con la FGR en el sentido de que la muerte de Regina Martínez no impide al semanario continuar con su labor de informar a la sociedad, al no ser ella su única reportera.

“No se aprecia que la muerte de la periodista citada, impida a la moral quejosa continuar con su función de difusión de información como medio de comunicación y, que por tal motivo, se le deba reconocer como víctima dentro de la averiguación previa”, indicó el juez.

“No se aprecia que la labor que realizaba Regina Martínez, constituyera la única fuente de información con que la moral “Comunicación e Información”, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa editora de la revista Proceso, contaba y que, con la muerte de aquélla se viera obligado a concluir sus funciones”.

La resolución puede ser impugnada vía recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado el que defina si Proceso puede o no ser considerada como víctima en el caso de Regina Martínez.

El homicidio de la corresponsal veracruzana ocurrió durante la administración del exgobernador Javier Duarte y únicamente ha sido detenido y sentenciado uno de los dos probables responsables del crimen: Jorge Antonio Hernández “El Silva”, quien desde 2013 afirmó que confesó haber participado en el delito que acabó con la vida de Regina Martínez porque fue torturado.

Como parte del “Proyecto Cartel”, el consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó el homicidio de la corresponsal, trabajo en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, incluyendo a Proceso.

Entre los testimonios de esta investigación, se acreditó que el gobierno de Javier Duarte desplegó una operación política, mediática y jurídica para “sembrar” a toda costa la versión de que Regina Martínez fue asesinada por dos hombres a quienes recibió en su casa y que le robaron. Uno de ellos, según la versión gubernamental, era su novio y se dedicaba a la prostitución.

En los últimos años de la gestión de Duarte, “El Silva” consiguió un amparo en el que se revocó la sentencia condenatoria dictada en su contra.