CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo un aguacero pertinaz, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala marcharon por las calles de la Ciudad de México para exigir la verdad sobre el paradero de sus hijos a 95 meses de su desaparición, y fijar su posicionamiento sobre el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, así como sobre la detención de exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Acompañados por organizaciones sociales y estudiantes de normales rurales, los padres y madres reconocieron los aportes dados a conocer por Encinas en su condición de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) pero advirtieron que necesitan “prueba científica indubitable” del destino final de sus hijos.

“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno.

“Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos”, dijeron al terminar la marcha que recorrió la avenida Reforma hasta llegar al Hemiciclo a Benito Juárez.

En su posicionamiento, los familiares de los estudiantes desaparecidos valoraron positivamente el reconocimiento de que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 se trató de un “crimen de Estado”, en el que habrían participado autoridades de “cuatro municipios aledaños a Iguala, policía federal y elementos del 27 y 48 Batallón de Infantería, así como de la 35 Zona Militar”, que actuaron en conjunto con “grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde” en agravio de los normalistas.

En su comunicado, las madres y padres de los normalistas apuntaron que seguirán exigiendo la presentación con vida de sus hijos ante la falta de pruebas contundentes de lo contario.

“No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Será doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo. A la fecha estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha siguen”, sostuvieron los padres y madres de los estudiantes.

Sobre la detención del ex procurador Murillo Karam consideraron que es “un avance en el camino del acceso a la justicia”, y que el juez de control que le dictó la prisión preventiva justificada les dio la razón.

“Murillo Karam condujo una investigación turbia, irregular, plagada de tortura, de manipulación y siembra de pruebas, construyendo así una mentira que impidió saber el paradero de nuestros hijos.

“De haberse explorado otras líneas de investigación a escasos días de la desaparición, el éxito de saber su paradero pudo haber sido más objetivo, sin embargo, la acción criminal y humana de ese señor y otros funcionarios lo impidieron”, sentenciaron los familiares.

Al señalar que seguirán de cerca el proceso penal contra Murillo, agregaron que “es importante no dejar impune la actuación ilegal de tales funcionarios”

Los padres y madres insistieron en reconocer que el informe de Alejandro Encinas “abre nuevas  rutas de investigación, de búsqueda y de ejercicio de la acción penal que las autoridades competentes deben seguir y agotar”.

A casi ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, sus padres y madres convocaron al pueblo de México “a elevar la voz para que el caso Ayotzinapa no se olvide y no quede esta impunidad”, y que hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

Al término de la movilización, las organizaciones que acompañan a los familiares de los estudiantes desaparecidos, respaldaron su posicionamiento de que aún faltan elementos por aclarar en el caso Ayotzinapa.

“Ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos. Quedan aún incontables preguntas que responder y numerosos responsables por sancionar”, alertaron en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Sobre el informe de la presidencia de la Covaj, las organizaciones expresaron su preocupación de que en el documento se adviertan “obstáculos que, ya en esta administración, se han enfrentado en el esfuerzo de esclarecimiento, especialmente respecto de la Fiscalía General de la República y el Ejército”.

Las organizaciones se sumaron a la exigencia de las familias de que “todos los nuevos indicios deben ser revisados técnicamente a la brevedad por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia en el caso”.

Sobre el procesamiento a Jesús Murillo Karam, las organizaciones advirtieron que persisten cuestionamientos sobre “el papel jugado por la Unidad Especializada en la Investigación del caso en esta fase reciente, pues no se han aclarado las razones por las que otro equipó técnico complementó su labor en esta etapa”.

Los defensores llamaron a “fortalecer la investigación en los noventa días otorgados por el juez, a efecto de que la apenas inicial vinculación a proceso subsista y no haya resoluciones posteriores adversas”.

Las organizaciones reconocieron “la enorme dignidad de las familias, quienes una y otra vez han reiterado que no tienen odio ni animadversión personal contra nadie, pues su lucha es por amor a sus hijos, al tiempo que han seguido insistiendo en que su prioridad es que se conozca la verdad”, y se sumaron a su llamado hecho a Murillo Karam y “a otros implicados aún prófugos a cooperar con información”.

Tras sostener que continuarán acompañando a los padres y madres en su lucha, las organizaciones aplaudieron “el profundo testimonio de dignidad que han dado a lo largo de este tiempo padres y madre por amor a sus hijos, como lo hacen miles de familias en México en el contexto de la aún no superada crisis de desapariciones”.