CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que además del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, existen otros 18 exfuncionarios federales y estatales señalados como responsables de implementar la llamada “verdad histórica”, entre los que destacan el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el actual jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

En la “verdad histórica”, destacó Encinas Rodríguez, se configuran al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas:

Privación de la libertad, así como homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo o consentimiento del Estado, y negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, indicó.

Tras la detención de Murillo Karam, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo de un juez federal al menos 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa de los 27 y 41 batallones de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero.

También contra 26 policías municipales de Huitzuco; seis agentes de Iguala y uno más de Cocula, además de 11 policías estatales del estado de Guerrero y 14 miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Durante la presentación del informe el pasado jueves 18, el subsecretario de Gobernación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, además de Jesús Murillo Karam, quien ayer fue detenido, existen otros 18 exservidores públicos federales y estatales involucrados en la fabricación de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

Al respecto, consideró que la “verdad histórica” fue una acción concertada desde el aparato organizado del poder y que, en esta fabricación jurídica basada en la tortura y ocultamiento de pruebas, participaron para su implementación Jesús Murillo Karam, así como el subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia.

También señaló al encargado de despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien informó sobre la participación de “autoridades del más alto nivel del gobierno federal”.

Los enlaces operativos para desarrollar la investigación del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fueron:

Por parte de Secretaría de Marina (Semar), el almirante Marco Antonio Ortega Liu, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo.

Del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), José Miguel Espinoza Pérez, quien fungía como delegado en Guerrero.

También, el excomisario de la extinta Policía Federal (PF), Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Además del excomisionado nacional de Seguridad, Manelich Castilla, y el excomandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Alejandro Saavedra, de quien dependía el 27 Batallón de Infantería, y el exagente de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.

Incluso, Encinas Rodríguez mencionó a la encargada de los Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina, así como al exvocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y al exrepresentante del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), Vidal Diazleal Ochoa.

Mientras que por el gobierno de Guerrero, fueron acusados de participar en la implementación de la “verdad histórica” el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; el exprocurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco; el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, y Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del exmandatario y excoordinador de los proyectos estratégicos.

Al respecto, Encinas Rodríguez afirmó que en la “verdad Histórica” que sustentó Murillo Karam, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y varios narrativos que acreditan abuso de poder y que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y justicia.