CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clare Hochhalter, jueza federal de Dakota del Norte dictaminó que el Cártel de Juárez debe pagar mil 500 millones de dólares a las familias de las víctimas del ataque contra integrantes de las familias LeBarón, Lagford, Miller y Jhonson, en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.

En el mencionado ataque, murieron tres mujeres y seis niños. En 2020, familiares de las víctimas entablaron una demanda civil contra el Cártel de Juárez y La Línea por la masacre.

Howard Miller interpuso la demanda a nombre de su esposa, Rhonita Lebarón, y sus cuatro hijos, quienes fueron asesinados; Tyler Johnson, a nombre de su esposa Christina, quien fue asesinada, y su bebé sobrevivió; David Langford, a nombre de sus dos hijos muertos y siete que escaparon con vida, cinco de ellos con heridas y los cinco hijos adultos de Dawna Ray que se quedaron sin madre.

Según la demanda el Cártel de Juárez habría llevado a cabo el ataque como represalia contra los LeBarón por sus críticas y protestas públicas contra el grupo delictivo. El día del ataque fueron disparados cientos de balas contra los vehículos en los que se desplazaban las familias y luego les prendieron fuego.

El monto estipulado por la jueza se triplicará automáticamente en virtud de la ley federal antiterrorista. El gobierno puede congelar los activos de las organizaciones terroristas, pero no hay claridad sobre si el Departamento del Tesoro tiene algún activo del cártel.

Tras la noticia, Julián Lebarón, quien perdió a su hija y nietos en la masacre afirmó que la suma de dinero dictaminada por la jueza “es simbólica”.

A través de Twitter, dijo que más allá de las cantidades fijadas, ve la resolución como “una oportunidad” para atacar al crimen organizado donde les importa: siguiendo y cortando la ruta del dinero.

“Además, con esta resolución se está evidenciando que sí hay TERRORISMO en México, así lo debería aceptar el gobierno, que recuerde que el primer paso para resolver un problema, es aceptar que existe”, dijo en un tercer tuit.

Finalmente dejó en claro que las demandas entabladas se llevaron a cabo con recursos propios y que si les proporcionan algún recurso tras el dictamen de la jueza, será destinado a ayudar a huérfanos y otras víctimas que hay en México.

Entre los supervivientes se encuentran dos viudos de mujeres asesinadas que trabajaban en Dakota del Norte en el momento de presentar la demanda. Su abogado dijo que varios miembros de la familia vivían en el estado y trabajaban en la industria petrolera mientras viajaban de ida y vuelta a México.

“Acudimos a un tribunal de Estados Unidos en Dakota del Norte en busca de algún reconocimiento y algún tipo de justicia por el trauma infligido a nuestra familia, y lo hemos recibido”, dijo David Langford, el marido de una de las víctimas.