CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Alfonso Castillo, hijo y nieto de Alejandra Cuevas y Laura Morán, respectivamente, mujeres acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero solicitó investigar y registrar a este en Estados Unidos como violentador de derechos humanos.

A través de un comunicado, Castillo informó que se reunió con el senador republicano por el estado de Florida, EU, Marco Rubio para exponerle la supuesta utilización que realiza Gertz Manero de la FGR para violar derechos humanos en México y la forma en que esto puede afectar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero utiliza la institución generando presiones ilegales e indebidas a personas, empresas e intereses a partir, en muchos casos, de violación de derechos humanos", señaló Alfonso Castillo.

"He solicitado el apoyo del senador Rubio para que Alejandro Gertz Manero sea investigado e incluido en el 'Magnitsky Act', para que se registre que el fiscal General de la República viola, en muchos casos, los derechos humanos".

Anunció que continuará buscando apoyo de más legisladores y autoridades estadounidenses debido a que consideró que en México no es el presidente Andrés Manuel López Obrador sino que Gertz Manero es "quien tiene al país secuestrado".

"El riesgo a la seguridad nacional de ambos países nos preocupa al conocer los métodos y el poder absoluto que detenta el fiscal General de la República", apuntó.

Laura Morán fue concubina de Federico Gertz durante más de 40 años, ella y su hija fueron acusadas por Alejandro Gertz de haberlo descuidado para provocarle la muerte en el año 2015 cuando el hombre contaba con 82 años de edad. 

Luego de diversos reveses durante la administración pasada, Gertz Manero logró en 2019 que el ministerio público local consignara la averiguación previa y en 2020 un juez local emitió órdenes de aprehensión contra Laura y Alejandra. 

La orden contra Laura no fue ejecutada pero la de Alejandra sí y desde octubre de 2020 permaneció interna en el penal de Santa Martha sujeta a proceso penal. 

Su defensa impugnó el auto de formal prisión dictado a Alejandra y la orden de captura contra Laura y un juez de Distrito les concedió un amparo en el que ordenó dejar sin efectos ambos mandamientos debido a que no había elementos de prueba suficientes para proceder contra ellas. 

El fiscal Gertz impugnó esta decisión y antes de que el Colegiado pudiera emitir resolución, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, atraer el caso para resolverlo en definitiva. 

En noviembre de 2021 la Corte atrae los amparos de ambas mujeres bajo el argumento de que existía la posibilidad de que se cometiera una injusticia en perjuicio de alguna de las partes. 

Esto, a pesar de que la ley establece que la Corte atraerá casos sólo cuando la solución de los mismos sea de interés público o que se pueda emitir un criterio judicial novedoso que pueda ayudar a dirimir conflictos similares en todo el país. 

El caso Cuevas-Morán fue resuelto en marzo de este año por la Corte con la liberación de Alejandra y la cancelación del proceso contra ella y su mamá.