CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", presentó una queja administrativa en contra del juez federal Édgar Gasca de la Peña, del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, argumentando que se ha negado legalmente a conocer y resolver tres demandas de amparo que interpuso desde el jueves 9 de junio para tratar de frenar la exhibición de audios que ha difundido la gobernadora morenista Layda Sansores. 

Incluso, dijo que el Poder Judicial le ha negado el acceso a la justicia ante lo que consideró como una campaña de excesos y violaciones a los derechos fundamentales desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas informó que presentó el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar.

Al respecto, explicó que desde el pasado 9 de junio presentó la primera demanda de amparo contra la gobernadora Layda Sansores por considerar que no sólo se excede en sus atribuciones legales y constitucionales, “sino que con base en esa información tendenciosa, calumniosa, de mentiras y de odio” violenta sus derechos humanos, el debido proceso, la legalidad, la honra, la dignidad y la presunción de inocencia.

“El juez federal en la Ciudad de México, ante quien se radicó mi demanda, Gabriel Regis López, mediante evasivas legales decidió remitir mi petición de amparo a un juez federal en el estado de Campeche”, dijo y agregó: 

“A su vez, el juez de Campeche, Édgar Martín Gasca de la Peña, rechazó la competencia para conocer de mi demanda, por lo que a la fecha sigue sin determinarse qué juez será el que conozca de mi asunto, sin que exista siquiera pronunciamiento alguno al respecto, a la revisión de mi amparo”, indicó. 

Posteriormente, presentó una segunda demanda de amparo porque la mandataria de Campeche, Layda Sansores, siguió difundiendo audios donde el dirigente del tricolor habla sobre presuntos actos de corrupción. 

“Por ello, me vi obligado a presentar una segunda demanda de amparo, lo que hice el 24 de junio. Esta vez, para evitar conflictos de competencia y de jurisdicción territorial, decidí promoverla directamente ante los juzgados federales de Campeche, donde reside la autoridad responsable. Increíblemente, aunque parezca increíble, el juez Édgar Martín Gasca de la Peña, de nueva cuenta, se negó legalmente a conocer y a resolver mi demanda de amparo”, indicó "Alito".

Ahora, el juez federal decidió remitir la segunda demanda de amparo, nuevamente al juez Gabriel Regis López en la Ciudad de México, ello a pesar de que este juzgador ya había declarado su incompetencia por razón de territorio.

“En otras palabras: Los jueces federales que han recibido mis demandas, sencillamente han eludido emitirlas o pronunciarse sobre ellas. En suma, a la fecha se me ha denegado abiertamente el acceso a la justicia”, reprochó el dirigente partidista.

Luego, la gobernadora Layda Sansores volvió a exhibir otro audio el pasado martes 28 de junio y al siguiente día, "Alito" interpuso una tercera demanda de amparo, pero ahora en el estado de Aguascalientes.

“Penosamente, el juez Javier Páez Díaz también se intimidó ante un asunto de esta trascendencia y decidió declararse incompetente. Esta demanda regresará a Campeche, donde, lo puedo anticipar, pareciera ya el juez Gasca de la Peña volverá a rechazarla”, sostuvo Moreno Cárdenas. 

En resumen, dijo, ha pasado cerca de un mes desde que emprendió acciones constitucionales para frenar la exhibición de audios en su contra y a la fecha, ningún juez federal “se ha atrevido siquiera a revisar la procedencia de su demanda”.

Agregó que “es increíble que públicamente la gobernadora Layda Sansores, de manera cínica e ilegal, diga que mientras un juez no la notifique con un amparo ella seguirá sacando audios ilegales, información calumniosa, dolosa, que no sólo pone en riesgo mi honra, no sólo pone en riesgo a mi familia, la vida personal, porque públicamente hemos recibido amenazas de muerte desde esa autoridad”.

Incluso, comentó que ninguna de sus demandas de amparo ha sido denegada ni desestimada en el fondo y los jueces han decidido eludir, mediante “argucias legalistas”, la resolución frontal de este asunto.

Además, pidió a los jueces federales resolver conforme a derecho.