PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).-Titulares y representantes legales de Centros de Verificación Vehicular en Hidalgo cuyos permisos fueron cancelados por presuntas irregularidades en su operación, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), acusaron al gobierno saliente de Omar Fayad Meneses de actuar con “corrupción y dolo” para retirarlos de sus funciones con el fin, sugirieron, de beneficiar a allegados con nuevas autorizaciones para hacerse cargo de las unidades de inspección.   

A través de un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, responsables de los 49 verificentros a los que se les removieron los permisos (de un total de 52 que existen en el estado) denunciaron un supuesto actuar indebido de las autoridades hidalguenses para impedir su defensa, aun, dijeron, con fallos judiciales que les permiten continuar con labores, además de afirmar que existen procedimientos “amañados” para favorecer a quienes, vaticinan, quiere favorecer el gobierno que termina su periodo el próximo 5 de septiembre.

Con base en la relatoría que enviaron a Presidencia, en febrero pasado la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) inspeccionó los 52 Centros de Verificación y estableció que habían cumplido con los puntos revisados; sin embargo, en abril, esta misma instancia observó la operación de un software “no autorizado” que, aseguran los quejosos, “es contratado, validado, aprobado, controlado y actualizado por la Semarnath”.

Por esta situación –la existencia de un sistema que podía alterar los resultados de las inspecciones vehiculares y otorgar hologramas a unidades que no cumplían con la Norma Oficial Mexicana (NOM)– fueron suspendidos los permisos, según la versión gubernamental; no obstante, los concesionarios sostienen que éstas son “cosas inventadas, carentes de evidencia” que demuestran “dolo y mala fe”, debido a que el software es provisto por la propia autoridad.

“En mayo nos es notificado por Semarnath un proceso administrativo de revocación de la autorización para operar como unidades de verificación, en el cual se nos solicitan, en un término de 10 días, las pruebas para desvirtuar los puntos de los que se nos acusa”, relataron.

Sin embargo, recriminaron que en ese mismo mes, el día 23, “de manera alevosa y ventajosa, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la convocatoria para la apertura de 15 nuevas unidades de verificación de diferente número de líneas dependiendo el municipio, estableciendo 18 horas hábiles para cumplir con 15 puntos”.

Uno de esos puntos era “no tener un proceso administrativo abierto para poder operar”, por lo que consideraron que se trató de una “falacia”, en la que, a decir de ellos, existe amaño, porque los 42 suspendidos no tenían posibilidad de participar debido al propio proceso que les había abierto el gobierno, que también emitía la convocatoria.

Los titulares de los Centros de Verificación suspendidos refirieron que tres empresas cumplieron con los 15 puntos para poder operar: Argab Asociados S.C., cuyo socio fundador es Arturo Gabriel Ortega Hernández, actual director de Normatividad de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo; Spin Real Time S.A. de C.V., cuya apoderada legal es Dayna Cárdenas Juan, propietaria de una unidad de verificación en Morelos, y Bienes y Servicios de la Ciudad S.A de C.V., que tiene como representante a José Alberto Madrid Baños, también propietario de un verificentro en Morelos.

La declaración patrimonial del funcionario Ortega Hernández, consultada por Proceso, refiere que del 1 de enero al 15 de agosto de 2020 fue director general y fundador de Argab, que registró como un despacho jurídico.

También en mayo, prosiguieron los exoperadores en su denuncia pública, los días 5, 11 y 13 la Semarnat emitió una licitación pública para una nueva plataforma con valor de 17.9 millones de pesos, cuando el software con el que operaban desde 2018, denominado Plataforma Digital Hidalguense, que, insistieron, era regido por la Secretaría de Medio Ambiente, costó un millón 489 mil 550 pesos, “lo cual deja prueba de lo espurio del proceso”.    

El 2 de julio, la Semarnath publicó nuevamente en el Periódico Oficial un acuerdo para suspender el programa de verificación vehicular, al argumentar una actualización en el software; esto, reclamaron, cuando se tienen resoluciones de juzgado de distrito que suspenden para unos de los afectados el procedimiento por el cual se les revocaron los permisos, mientras que otros están en espera de que se determine en instancias legales si pueden operar.

Para los titulares y representantes legales de estos establecimientos, los citados sucesos “confirman que como en muchos otros gremios ha ocurrido –en referencia a la asignación de concesiones de taxis y patentes de notario en administraciones anteriores, al término de los sexenios– en esta ocasión toca a las Unidades de Verificación ser víctimas de la corrupción, dolo y mala fe por parte del gobierno saliente del estado de Hidalgo”.

El documento, que cuenta con las firmas de los responsables de los 49 verificentros cuyos permisos fueron suspendidos, también fue enviado al aún gobernador en funciones, Omar Fayad; al mandatario electo, Julio Menchaca Salazar; al procurador federal de Protección al Ambiente, Gonzalo Rafael Coello García, entre otros funcionarios federales y de la Ciudad de México y el Estado de México, debido a que para circular en la zona metropolitana los vehículos emplacados en Hidalgo requieren holograma de verificación, aunque según la administración actual, y debido a que dicha verificación fue suspendida hasta el 31 de diciembre, pueden transitar con hologramas otorgados durante el primer y segundo semestre del año anterior, aunque estén vencidos.