CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con 16 votos a favor y tres en contra, el Congreso del estado de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, y después de ese tiempo solo en ciertos casos, con lo que se convirtió en el décimo estado donde el aborto dejó de ser criminalizado.

La decisión tiene lugar en medio de una tendencia de América Latina en general, y de México en particular, que avanza en favor de este derecho y que, en el caso mexicano, se aceleró desde que, en septiembre de 2021, la Suprema Corte sentenciara que era inconstitucional considerar el aborto un delito, indicó AP.

Señaló que también coincide con una etapa en la que varios estados de Estados Unidos avanzan justo en sentido contrario y se está restringiendo el acceso al aborto cada vez en más lugares del vecino del norte.

Los votos a favor fueron de Morena, con ocho; del PT, con cuatro; del PRI, uno; del PRD, uno, y de Fuerza por México uno; en tanto que los tres en contra fueron del PAN. Dos diputados, uno de Morena y otro del partido local Renovación Sudcaliforniana, no asistieron a la sesión, informó La Jornada.

Destacó que, con un aforo del 70% aprobado por las autoridades de salud en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, los legisladores se enfrascaron en un debate a favor y en contra del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, encabezado por el diputado de Morena, José María Avilés Castro, y con la protesta de la bancada del PAN.

Afuera del recinto oficial del Congreso, decenas de personas a favor y en contra de la despenalización del aborto siguieron los pormenores de la sesión a través de bocinas colocadas por el Legislativo, y aunque hubo gritos en defensa de sus posturas la confrontación no pasó a mayores, indicó el periódico.

Señaló que, al interior de la sala, la presidenta de la Mesa Directiva, la petista Gabriela Montoya, en varias ocasiones llamó al silencio de los grupos provida y proaborto que lanzaron críticas a las y los diputados que subieron a tribuna.

Explicó que la discusión primero se centró en la dispensa del trámite debido a que la bancada del PAN cuestionó la rapidez con que prosperó la iniciativa ciudadana presentada por la doctora Mónica Jasis Silverg, directora del Centro Mujeres AC, para convertirse en dictamen, pues se realizó en una semana.

Apuntó que el presidente de la fracción del PAN, Rigoberto Mares, vestido con una sudadera con la leyenda de ProVida (al igual que sus dos compañeros de bancada), fue el que más criticó en tribuna la premura por sacar adelante la iniciativa, la falta de una consulta ciudadana y la falta de una partida presupuestal adicional en salud para atender los casos de mujeres que quieran hacerse el aborto dentro de las 14 semanas de gestación.

La también legisladora del PAN, Blanca Márquez, integrante de la Comisión de Salud del Congreso, cuestionó que no se haya turnado a esa comisión el dictamen, ya que es evidente que tiene relación con el tema del aborto.

Dijo que el debate va más allá de si el embrión siente o no, si tiene o no el sistema nervioso formado, sino en la vida y la muerte, porque “están intentando legalizar el asesinato de bebés inofensivos”.

Al respecto, Marbella González expresó que el objetivo principal es evitar que vayan a prisión aquellas mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo, que se criminalice la pobreza porque, en el marco jurídico actual, sólo las mujeres con capacidad económica pueden viajar a un estado donde es legal el procedimiento o acudir a un despacho jurídico para solicitar la protección de la justicia federal en caso de que la institución pública le niegue el servicio, añadió el diario.

“Se trata de que no se victimice doble o triple a aquellas mujeres que van a interrumpir su embarazo y que tienen que acudir a clínicas clandestinas insalubres, insalubres e inseguras”, consideró.

A su vez, los diputados del PT, Luis Armando Díaz y Christian Agúndez, así como los de Morena, María Guadalupe Moreno, Eufrocina López, Enrique Ríos y María Luisa Trejo también defendieron el dictamen para despenalizar el aborto.

La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue Ciudad de México hace 15 años. Siguió Oaxaca en 2019. Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y Guerrero aprobaron leyes en este sentido y Coahuila lo despenalizó por la vía judicial, tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En las otras 22 entidades mexicanas sigue sin ser un derecho vigente excepto en determinadas circunstancias, como las violaciones.

Los grupos de activistas van ganando terreno poco a poco a través de recursos judiciales que han sido avalados por la SCJN cuando han llegado hasta este tribunal. En una de sus últimas decisiones, hace poco más de una semana, estableció que, tal y como reconoce una ley nacional, una menor violada puede someterse a un aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores y sin que sea obligatoria una denuncia, apuntó AP.