GUADALAJARA, Jal. (apro).– Sonia Solorzano, víctima de las explosiones de 1992 en el sector Reforma y representante del colectivo de asociaciones del 22 de abril, desmiente al gobernador Enrique Alfaro sobre los apoyos que reciben.

“Es falso (los apoyos), yo lo vivo día con día, (…) si hay algunas víctimas que atiendan de esa forma, queremos ser parte de ellos (…) estamos siendo revictimizados por esta administración”, recalca.

Incluso comenta que el gobernador está mal informado, puesto que no son 57 personas lesionadas a causa de las explosiones, son 56, puesto que una murió el 28 de marzo pasado.

Recuerda que en el primer año de la administración de Alfaro, que comenzó en diciembre de 2018, no hubo atención médica. “No firmaban nuestro contrato de salud, tardaron más de un año en firmarlo”, señala.

Luego de ver una fotografía en que aparece la farmacia del hospital surtida, Sonia dice que eso es falso, el lugar está casi vacío.

El mandatario, en una publicación que hizo en redes sociales, reporta que el 13 de abril se aprobaron 26 millones de pesos más para medicinas, prótesis y estudios.

Sin embargo, cuando los afectados acuden al hospital no tienen el medicamento que requieren y a las personas que necesitan una nueva prótesis se la niegan.

Isabel Covarrubias ya perdió la oportunidad que le reemplazaran la prótesis de cadera por el desgate que presenta su cuerpo en este momento, y estará prostrada en una silla de ruedas, lamenta Sonia.

Sonia Solorzano, integrante del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS) explicó que cuando fue gobernador Aristóteles Sandoval se hizo un movimiento financiero, con el que ella no estuvo de acuerdo.

En 2013, a solicitud de Lilia Ruiz Chávez, presidenta de la Asociación Civil 22 de Abril, se otorgaron a cada uno de los fideicomisarios 200 mil pesos por concepto de seguro de vida, y se pidieron paquetes funerarios de lujo, con lo que se afectó la estabilidad del fideicomiso, al sacarle entre 15 y 17 millones.

Según Enrique Alfaro, el fideicomiso recibe 9.9 millones de pesos anuales, recursos insuficientes puesto que se consume 1 millón mensual, y anteriormente solo se entregó 5.5 millones, refiere Sonia.

El gobierno del estado informó que cada uno de los afectados recibe 15 mil 600 pesos mensuales, pero Sonia Solorzano precisa que apenas la semana pasada se dio el incremento retroactivo, pues anteriormente se entregaban 12 mil 700 pesos, “dependiendo del grado de discapacidad”.

Además, aclara que las despensas son anuales y las tienen que solicitar al DIF, como el resto de los necesitados.

Sonia pide audiencia con el gobernador para informarle de manera directa la situación.