CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez federal Erik Zabalgoitia Novales admitió a trámite un juicio de amparo promovido por el expresidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y, por quinta ocasión consecutiva (Proceso 2365), volvió a dictar una resolución a modo del político priista, con el propósito de que no se dicte sentencia en el proceso penal que se le sigue por el delito de trata de personas en diversas modalidades.

De acuerdo con el expediente 354/2022 radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Zabalgoitia Novales invocó un artículo sobre la improcedencia de la Ley de Amparo aplicable al nuevo sistema penal acusatorio para evitar que la jueza penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) a cargo del proceso, dicte sentencia en caso de cerrar el periodo de instrucción de pruebas.

No obstante, el proceso penal que se le sigue al exdiputado federal del PRI y actual militante de ese partido, corresponde al sistema penal inquisitorio, debido a que las conductas delictivas que se le imputan se cometieron entre 2012 y 2015, de acuerdo con la averiguación previa correspondiente a la causa penal 35/2022.

La demanda de amparo promovida por la defensa de Gutiérrez de la Torre fue presentada apenas este 20 de abril y admitida a trámite un día después, sin que el exdirigente priista - que estuvo prófugo por casi un año - solicitara la suspensión del auto de formal prisión que se le dictó desde el pasado 22 de marzo, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que gracias a las denuncias de dos nuevas víctimas, una jueza penal había dictado el segundo auto de formal prisión en su contra.

En total, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ha sido denunciado por seis mujeres que fueron víctimas de la red de trata de personas que operaba dentro de las instalaciones del PRI capitalino. En todos los casos, a petición de la FGJCDMX y a criterio de una jueza penal de primera instancia, se han acreditado los elementos para iniciar el proceso correspondiente contra el priista y tres de sus coacusadas y coacusados, Claudia Priscila González Martínez, Adriana Rodríguez Regalado y Roberto Zamorano Pineda.

La exdiputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, imputada por los mismos delitos, se mantiene prófuga.

Por lo que se refiere a la demanda de amparo, la defensa del aún líder de los pepenadores en la Ciudad de México, argumentó que se están violando sus derechos humanos y procesales consagrados en los artículos 1, 16 y 19 de la Constitución Mexicana.

En este marco, el juez de amparo dictó la suspensión del proceso penal para el efecto de que no se dicte sentencia, argumentando la aplicación del artículo 61, fracción XVII de Ley de Amparo, invocando de manera adicional un criterio particular de un tribunal colegiado.

“En atención al mandamiento constitucional encomendado al suscrito, relativo a velar el cumplimiento y aplicación exacta de las disposiciones de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al juez responsable, que en el supuesto que declare cerrada la instrucción, antes de que se resuelva el presente juicio de amparo, deberá suspender el procedimiento, con fundamento en el numeral 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la invocada legislación”, señala la resolución.

Sin embargo, de acuerdo a dicha norma, la suspensión se dicta en caso de que concluya la etapa intermedia, es decir, para cuando se inicia un proceso en el sistema penal acusatorio, aunque puede haber similitudes con el proceso penal inquisitivo que se le sigue a Gutiérrez de la Torre.

“Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente”, señala el resolutivo.

El juez Erik Zabalgoitia Novales ha dictado al menos cuatro sentencias favorables a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde que conoció del caso por primera vez en 2015, lo que permitió al dirigente priista evadir por siete años las acusaciones de trata de personas y asociación delictuosa que hoy lo tienen sujeto a dos auto de formal prisión.

Debido a su grado de peligrosidad, Gutiérrez de la Torre fue trasladado a inicios de este año del Reclusorio Oriente al penal federal “El Altiplano”, de alta seguridad, donde permanece encarcelado.