MONTERREY, N. L. (apro).–El 15 de marzo por la mañana, cuando se desplazaba en su coche, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue detenido por elementos ministeriales en el municipio rural de General Terán mientras iba acompañado de su amigo Mario Alberto Zapata Montalvo, conocido como Beto Zapata, cantante del Grupo Pesado, para celebrar una fiesta de cumpleaños, en un rancho en Linares.

Cuando Rodríguez ganó la gubernatura en el 2015, Zapata le compuso una canción titulada “Se les acabó el festejo”, que aseguraba que con su llegada al gobierno de Nuevo León, los políticos corruptos dejaría de robar.

El abogado de El Bronco, Gabriel García Pérez rechaza que su cliente huyera, al momento de su detención. Sin proporcionar las identidades de quienes lo acompañaban, dice que fue sorprendido por los agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado (FEDE) en pleno trayecto de la carretera.

“Esa versión de que huía es totalmente falsa. Eso que de que escapaba a Tamaulipas es una situación errónea. De ir huyendo hubiera tomado el camino a la frontera, no al sur”, dice, al referirse al exmandatario que se encuentra actualmente recluido en el Penal de Apodaca 2.

El día anterior a la detención, Rodríguez Calderón había pernoctado en su rancho, en el poblado Paredón, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, cerca de la frontera de Nuevo León, una propiedad que está debidamente registrada en su declaración patrimonial, aclara.

Por la mañana regresó a su casa en García, Nuevo León, y de ahí se trasladó, con tres amigos a la fiesta. Sobre sus acompañantes, solo dice que uno de ellos es un artista reconocido, del que no puede revelar su identidad.

Aclara que sus escoltas y los respectivos vehículos, fueron proporcionados por el gobierno del Estado, como protección que por ley se le debe dar a exservidores públicos de su jerarquía, durante el mismo término de su gestión, que en su caso es de seis años.

Era imposible que escapara con los guardias que le asignaba la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con unidades geolocalizables, pues además de que la dependencia puede ubicarlos en cualquier momento, los mismos escoltas elaboran cada día de los movimientos que harán, por lo que la autoridad ya sabía por dónde se desplazaba Rodríguez Calderón, quien fue mandatario estatal sin partido en el período 2015 – 2016.

El gobernador Samuel García declaró en días pasados que el día del arresto, "El Bronco" había cambiado de coches, para despistar a sus perseguidores, y que escapaba a toda velocidad rumbo a Tamaulipas, cuando fue interceptado por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Alegan prisión injusta

García Pérez considera que Rodríguez Calderón se encuentra detenido de manera injusta pues los delitos por los que se le acusa no son graves, además de que el ahora vinculado por abuso de autoridad no tiene interés en evadirse, como se comprueba en el trayecto que seguía dentro del estado al momento de su detención.

Hasta ahora a Rodríguez Calderón se le siguen dos procesos independientes, que lo mantienen en prisión como medida cautelar,

Ya está vinculado por el delito de abuso de autoridad, por la requisa de la Ecovía, que el Gobierno de Nuevo León hizo, lo que provocó una afectación pecuniaria al empresario Abelardo Martínez que manejaba el sistema a través de la empresa Servicio de Transporte tecno Ecológico.

En el caso del delito electoral, el juez federal determinó su incompetencia para que sea uno local el que lleve la carpeta, señala.

“Lo que queremos en los dos casos, trasladados a jueces locales, es tener una audiencia para variar la medida cautelar, que es lo que nos ocupa, porque tenemos la certeza jurídica de que la medida de prisión preventiva no es aplicable, pues establecimos desde un principio que el Ingeniero Rodríguez tiene arraigo en el sitio donde se lleva el proceso, por lo que podría enfrentarlos en libertad”, dice.

Dice que incluso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando varíen las circunstancias objetivas que imperaron cuando se dictó la medida cautelar, podrá cambiar la misma y ahora que asume la competencia el juez local, las circunstancias varían.

“Podemos demostrar en una audiencia que no existe el riesgo de que el Ingeniero Rodríguez se sustraiga de la justicia. Las medidas cautelares están establecidas por la ley para que no se interrumpa la secuela del procedimiento y en este caso no solo defendemos a un ex gobernador, sino a un ex candidato a la presidencia, lo que significa que es una persona sumamente expuesta en lo mediático y por eso no se puede fugar. No puede fácilmente evadir procedimientos”, dice.

Sobre el proceso que se le sigue por delitos electorales aclara que fue imputado por el uso de recursos de presunta procedencia ilícita, proporcionados por una empresa que entregó facturas por operaciones inexistentes, para fondear su precampaña y no, como se supone, por el empleo de personal para recabar firmas.

Señala que el tema de financiamiento ilícito no ha sido debidamente acreditado por la Fiscalía, pues los hechos datan del 2018 y en ese tiempo la empresa reportada para supuestamente proveer recursos de manera ilícita, era completamente lícita, y fue hasta el 2020 cuando la ubicaron entre las del Artículo 69B, del Código Fiscal de la Federación, conocidas como factureras.

García Pérez alega que, además en este delito electoral hay ausencia de tipicidad, lo que significa que la conducta que se le imputa no concuerda con el delito previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Señala en su Artículo 15: “Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

El abogado reitera que la Ley refiere a un sujeto activo calificado como precandidato, figura electoral que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón nunca asumió, pues no pertenecía a ningún partico político, por lo que, en su calidad de independiente, fue únicamente aspirante y, luego, el INE le reconoció la candidatura para los comicios presidenciales del 2018.

Explica García: “En materia penal existe el principio de taxatividad que significa que debe aplicarse la ley de manera exacta. No debemos hacer una interpretación analógica. El juez no puede decir que fue precandidato, aunque fuera solo aspirante. No está permitido en materia penal por un principio de certeza jurídica. Eso es un error que cometen en cuanto al delito electoral”.

Al señalar que para la defensa el encarcelamiento de Rodríguez es injusto, desconoce las razones por las cuáles sigue en prisión y dice que para saber las verdaderas razones hay que preguntárselas al Poder Judicial de la entidad.

“Existe un interés muy marcado del poder judicial en tenerlo detenido, tan es así que en la última vinculación a proceso, cuando se decidió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el juez dijo que mañana (12 de abril) tiene una audiencia federal en la que puede quedar en libertad, y había riesgo de que al quedar en libertad se sustrajera lo que nos parece absurdo y no visto en un procedimiento judicial de esta naturaleza”, dijo.