GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan el caso de la renta a sobreprecio de las patrullas en el municipio de Guadalajara.

El titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP dirigió un oficio a Manuel García Garfias encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia para que se “inicien las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de conductas que pueden ser constitutivas de delitos y, en su caso, se formulen las denuncias o querellas correspondientes” ante la FGR.

En el mismo oficio se menciona que el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí entregó un escrito el pasado 15 de febrero, en el cual informa que presentó una denuncia ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara por presuntas irregularidades en la adjudicación en el contrato por 762.2 millones de pesos a la arrendadora Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V.

La empresa arrendará durante tres años 763 vehículos, incluidas 290 patrullas, pero de acuerdo con Lomelí existe un sobreprecio de más de 300 millones de pesos.

El regidor también expuso en su escrito entregado a la SFP que el gobierno del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus cometió desacato, puesto que existía una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que prohibía se dictara el fallo de la licitación ante irregularidades en el proceso.

En tanto la FGR, mediante el oficio FED/JAL/GDL/0000674/2022, solicitó al Juez Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, un informe y copias certificadas que se llevan dentro del juicio de amparo 2524/2021 con el propósito de investigar.

Este último corresponde al amparo que tramitó una empresa inconforme que participó en la licitación.