CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos de su natal Allende, Coahuila, desde hace 11 años, en un auto exilio forzado por la violencia criminal del cártel de Los Zetas, Silvia Garza Villarreal recordó a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Miguel Ángel Riquelme el incumplimiento de las reparaciones de daño a que están obligados por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre de Allende, en marzo de 2011, en la que se habría desaparecido a 300 personas y mantenida oculta ante la opinión pública durante al menos dos años.

Con 17 miembros de su familia desaparecidos, entre ellos su padre, su hermano, su medio hermano y la esposa de su padre, Garza Villarreal lamentó la falta de cumplimiento del compromiso que hizo en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de atender a las víctimas de la masacre durante el acto de disculpa pública instruido por la recomendación 10VG/2018 de la CNDH.

“El 27 de junio de 2019, Olga Sánchez decía que venía representando al presidente López Obrador, para vernos a los ojos y a reparar los daños; Riquelme dijo lo suyo, y es fecha que no ha pasado nada”, reprochó Garza Villarreal al recordar que tras el evento público, en Allende, los familiares de las 49 víctimas reconocidas en la recomendación se reunieron en privado con el subsecretario Alejandro Encinas para “externar sus necesidades, algunas solicitaron de becas para sus hijos, yo pedí anular las hipotecas de las propiedades, y condonar los prediales de las propiedades dañadas, nos dijeron que nos iban ayudar”.

Después de atender una serie de trámites, tras la entrega del “Acuerdo para sentar las bases para la cuantificación del monto de la reparación integral del daño en la recomendación 10VG/2018” presentada el 27 de agosto por Encinas Rodríguez, en la ciudad de Arteaga en agosto de ese mismo año, Silvia Garza resaltó que vino el silencio institucional.

Ante ello, el 14 de septiembre de 2020, Garza Villarreal acercó al presidente López Obrador, a través de una asistente que se presentó como “Abi”, un documento en el que detalla paso a paso los trámites que ha llevado a cabo para que se le repare íntegramente el daño, los documentos enviados a Sánchez Cordero y Encinas y a funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin que hasta el momento haya respuesta.

En el documento, del que este medio tiene copia, Silvia Garza puntualiza que “indiscutiblemente ha transcurrido en exceso un plazo prudente para la cuantificación del monto de la reparación integral del daño a que tengo derecho, y posterior pago, sin que se advierta de manera clara y detallada la omisión para no cumplir en lo particular con ello”.

La agraviada resaltó que entre las respuestas que le han dado las autoridades, es que “sólo en quince casos se practicaron estudios para la valoración de afectaciones” y recordó que en la recomendación “no se establece que tenga que esperar a que se concluyan o valores cada uno de los expedientes de las víctimas para cuantificar y pagar el monto” al que tiene derecho.

Al señalar que ha cumplido con todos los requerimientos que le han pedido las autoridades para tramitar su reparación, no hay un dictamen concluyente ni se le ha explicado “cuál es el fundamento legal para dicha omisión o el motivo por el cual, no se ha podido determinar, y en su caso, efectuar el pago correspondiente”.   

En su solicitud, Silvia Garza urgió al presidente López Obrador ayuda para “finalizar este procedimiento, el cual sigue repercutiendo en mi vida emociona y económica”.

Con voz entrecortada, Garza Villarreal resaltó su sentimiento de impotencia: “Nadie me contesta, el subsecretario Encinas, deja en vistos mis mensajes (de WhatsApp) pero no me responde”.

Destacó que en febrero hubo una reunión en Saltillo, en la que estuvo presente la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para abordar el tema de las reparaciones del caso Allende.

“Esa reunión se llevó a cabo porque al menos dos del grupo de víctimas hemos estado insistiendo mucho, pero nuevamente quedamos en la incertidumbre porque Yuriria dice que los recursos que salieran para repararnos el daño, serían descontados del presupuesto que la federación le da al estado, y eso no le gustó a Riquelme”, confió.

Silvia recordó la tragedia que envolvió a su familia en 2011, cuando salieron huyendo de Allende sólo con lo puesto, dejando atrás su patrimonio, destruido por integrantes del cártel de Los Zetas, que contaron con el respaldo de autoridades locales.

“En mi caso la tragedia duró más de un año, en enero de 2012 mi papá, Sergio Garza Garza, regresó a Allende, pero como habían destruido todos sus negocios, andaba cobrando un seguro de una casa que le quemaron en la carretera; en marzo nos dijo que iba a ir con un ajustador, la policía municipal lo detuvo a él, a su esposa y a mis medios hermanos, de diez años y un año”, dijo.

“En agosto, mi hermano, quien había estado en una clínica de rehabilitación, tiene una crisis, y según lo que me cuentan, estaba en las ruinas de la casa de mi mamá llorando y gritando, hasta ahí llegaron los policías y se lo llevaron.

“De mis hermanitos, el más chico apareció en un orfanato, cuando ya tenía tres años, y del mayorcito no sabemos nada, se dice que lo llegaron a ver en camionetas con los Zetas, que un día se volcó una camioneta y que ahí quedó, pero no tenemos nada claro”.

Silvia Garza resaltó que en la masacre no sólo las autoridades municipales y estatales tendrían responsabilidad en la colusión con integrantes del crimen organizado, sino que tendría responsabilidad el actual secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien en 2011 estaba a cargo del cuartel militar en Piedras Negras, a unos 40 minutos de Allende. 

“Mi papá me contó que antes de salir huyendo de Allende, en 2011, estuvo marcando el 089, la línea de emergencia, que mucha gente pidió auxilio, pero no hubo respuesta, dicen que cortaron las líneas telefónicas de Allende.

“Dice Cresencio que no se enteró de lo que ocurría, que por las distancias, que la única manera de intervenir era agarrarlos en flagrancia, pero fue de tal magnitud la tragedia que no era posible que los militares no se enteraran, ellos sabían lo que estaba pasando ellos decidieron no actuar y ocultaron la tragedia”, apuntó.

En términos de justicia, Silvia advirtió que la situación es aún más desesperante, porque no sólo no ha habido castigo para todos los responsables, sino que “en los amparos que están tramitando gente como el Z42 (Omar Treviño Morales) nos están mandando notificaciones a las víctimas, a los domicilios que le habíamos dado a la Fiscalía, es decir, los delincuentes nos pueden ubicar muy bien, y eso nos llena de miedo”.

Silvia Garza señaló que, ante la falta de justicia en México, ella y otra víctima indirecta, proyectan elevar el caso de la masacre de Allende en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y litigarlo “hasta donde tope”.

“Sé que ya no voy a recuperar a mi familia, según se ha dicho, fueron hechos cenizas, pero al menos por cuestión de honor para mi papá y mi hermano, no quiero que el caso se quede así nomás, por eso también estoy exigiendo que el Estado repare los daños, porque destruyeron nuestro proyecto de vida y están obligados a repararnos”, dijo.