CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La directora general de American Chamber of Commerce of México (AmCham), Ana López Mestre Martínez, advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes.

Al participar en el Foro 14 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica, la directiva señaló que “lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el T-MEC”.

Agregó que la reforma cancela, antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieran inversiones muy importantes.

Asimismo, destacó que contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del T-MEC constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores.

Por si fuera poco, pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes.

Subrayó que impactaría la producción industrial porque en lugar de comprar electricidad en un mercado abierto, habría un jugador con ventaja, es decir, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, además, sería el mismo que ponga las reglas.

Compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35% de energías limpias para 2024”, explicó.

Competirán en igualdad por el 46%

Por su parte, Almudena Otero de la Vega, abogada del departamento de Arbitraje de la CFE, quien participó en el mismo foro, dijo que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del T-MEC.

Puntualizó que no tiene efectos discriminatorios ni favorece a inversiones de un país en particular, por lo que éstos tienen las mismas circunstancias independientemente de su nacionalidad.

“Los términos en los que está planteada la reforma en los artículos 25, 27 y 28 no violan el principio de trato nacional. Los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46% disponible en la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico”, justificó.

Otero de la Vega consideró que la reforma establece los principios esenciales en los que se basarán las leyes secundarias, tales como seguridad energética y nacional, abastecimiento continuo, planeación y control. Respecto de la transición energética.

Por último, puntualizó que la CFE tiene mucha energía hidroeléctrica, geotérmica y nuclear, que son energías limpias, “no veo cómo no podamos cumplir con el 35 por ciento de energías limpias”.