CIUDAD DE MÉXICO, (apro).— Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) “no influyó” en la investigación que realizó el despacho R. McConnell Group, además de que no han sido requeridos por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), por la casa arrendada por Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, en Houston.

En entrevista con Apro, el directivo aseguró:

“Pemex no influyó en nuestra investigación, no nos dio coaching, no nos dijo qué decir. Y la empresa no ha tenido contacto con la presidencia. El único contacto que hemos tenido al terminar la investigación fue, primero, con Pemex, y ahora hemos hablado con los medios para poner a disposición la información”.

Pérez agrega que, hasta la fecha, tampoco han sido requeridos por la SEC.

“La SEC no ha hecho una aproximación a Baker Hughes, a partir de la información que tengo desde esta mañana. Si la SEC hace una petición, la empresa va a seguir su procedimiento y responder ante la SEC”.

Cabe destacar que, en febrero del 2020, la SEC empezó una investigación sobre el papel de la compañía de energía en los proyectos afectados por las sanciones de Estados Unidos.

“La compañía con sede en Houston dijo que se le notificó en diciembre que el regulador está realizando una investigación formal relacionada con los libros y registros de la compañía y los controles internos relacionados con las ventas de productos y servicios en proyectos afectados por sanciones económicas de la Unión Americana”, según una nota de Wall Street Journal.

Aquella ocasión, Baker Hughes dijo que mantiene un programa integral de ética y cumplimiento global, que incluye políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y responder a posibles violaciones relacionadas con sanciones económicas y un equipo de cumplimiento independiente.

Y como en este caso reciente, mandó a realizar una auditoría interna la empresa estadunidense que tiene abiertos contratos con Pemex.

Pérez asegura a esta agencia que “nosotros no estábamos preparados para lo que pasó el 28 de enero, tenemos más de dos mil 200 empleados en el país, muchos subcontratistas y un gasto importante en México, esa es nuestra vocación. Sí nos tomó tres semanas para traer un análisis interno y traer un tercero, alguna gente podrá decir que fue mucho tiempo, yo creo que no, se realizó metódicamente y estamos confiados con la respuesta que estamos dando”.

Agrega:

“Tenemos una cultura de cumplimiento corporativo muy fuerte, esto nos servirá hacia adelante, porque lo hemos hecho de forma transparente y no vemos conflicto de interés, no vemos conexión entre las cosas que se están alegando que están conectadas”.

Insistió en que Schilling no tenía ninguna relación con el hijo del presidente López Obrador.

“Y esto lo confirmamos, no solo porque sabíamos su rol, pero cuando se investigó todas sus comunicaciones, todos los e-mails, no se detectó ningún contacto con el mercado directo o indirecto. O sea que él estaba separado. La empresa no monitorea las actividades privadas de nuestros empleados, pero la empresa entrena a los empleados sobre si ve una bandera roja de levantar la mano, aquí no había una bandera roja”, abundó.

“Este señor, lo ha dicho él directamente, contrató un estudio de bienes raíces o una empresa de bienes raíces. Hemos visto la aplicación de la renta porque sí estaba en su computadora y la que firmaba era Carolyn Adams. Lo que hemos visto es que él no conocía que había una relación con la familia presidencial de México”.

La investigación de Baker Hughes se da en un contexto de confrontación entre el presidente López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola, luego que Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron un reportaje sobre las casas -una llamada "casa gris"-- donde han vivido la propia Carolyn y José Ramón en Houston, cada una con un valor de casi un millón de dólares.

Por su parte, José Ramón López aseguró que  "no tiene injerencia alguna en el gobierno de México" y que sus ingresos "provienen al cien por ciento" de su trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa KEI Partners.