TIJUANA (apro).- Reporteros de Tijuana recriminaron al gobierno federal que apoye, bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a criminales que simulan ser reporteros.

“La señora no trabaja en las calles donde andamos reporteando, estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes, nada más se la pasan halconeando… estamos descontentos por eso”, reclamó y denunció la reportera Ana Lilia Ramírez, quien labora para diversos medios de información en el estado.

Todavía no terminaba de exponer su punto de vista cuando el resto de los reporteros presentes en el Centro Cultura de Tijuana (Cecut) –lugar donde se firmó el acuerdo de colaboración entre el encargado del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos con el gobierno del estado– la respaldó, avalando en voz alta sus reclamos: “¡así es, así es!”.

Ante el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el director ejecutivo federal del mecanismo, Enrique Irazoque Palazuelos, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la reportera sorprendió a todos cuando no soportó la rabia de que ninguno de los tres gobiernos pudo proteger al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y a la periodista Lourdes Maldonado.

 La realidad de lo que está sucediendo en Baja California con los periodistas y quienes elaboran páginas de Facebook donde se dan a conocer eventos de grupos criminales, asumiéndose como reporteros, afloró cuando la periodista Sonia de Anda de la agrupación “Yo sí soy periodista” leyó un mensaje en el que expuso:

“No puede seguir (el mecanismo) siendo utilizado por individuos que incluso están al servicio de grupos criminales difundiendo mensajes e imágenes que legalmente y éticamente, cualquier periodista está impedido de presentar”.

La periodista parecía hacer alusión a una mujer de nombre Aracely Domínguez, quien está siendo protegida por el mecanismo, pero el tema no se pudo entender bien debido a que los gobiernos estatal y federal, encargados de la transmisión en vivo, la cortaron en forma arbitraria.

Periodistas al fin, de inmediato se siguió grabando. Así se pudo establecer que luego, una vez que concluyó Sonia de Anda su intervención, se le dio la palabra a Aracely Domínguez, quien se encontraba en la primera fila, ahí reviró:

“…hacer acusaciones sin pruebas, pues ¡¡¡no tiene madre…!!!”

En ese momento, la reportera Ana Lilia Ramírez alzó la voz y en forma inesperada y valiente inició su narración y reclamo ante las autoridades federal, estatal y municipal:

“¿Respaldamos a Aracely Domínguez?” preguntó y al unísono se escuchó la respuesta, “¡nooo!”

Y siguió la reportera Ramírez:

“Es una persona que trabaja para criminales, le dieron por el gobierno federal (el mecanismo), al señor ese lo asesinaron y estoy hablando de Mariano Soto, lo asesinaron… lo hicieron parte de este consejo (del mecanismo).

“Es mentira, la señora no trabaja en las calles donde andamos reporteado. Estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes y nada más se la pasan halconeando… estamos descontentes”.

“¡Así es, así es!” se escuchaba en la sala Federico Campbell del Cecut mientras Alejandro Encinas, la gobernadora y demás funcionarios escuchaban azorados y mostraban el asombro enana sus rostros.

Ana Lilia Ramírez no se detuvo:

“No es verdad lo que dice que nos protegen; yo puse una demanda por acoso y a la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar ya lo hubiera hecho hace meses…”

Y volvió hacia Aracely Domínguez, quien figura bajo el esquema del mecanismo de protección a periodistas:

“La señora no está en las calles con nosotros, no entiendo por qué le dieron al señor Mariano Soto, y lo lamento por sus familiares que después lo hayan asesinado, pero él nunca fue reportero de información; tenía páginas de narcotraficantes y se avisan o se siguen avisando y fue lo mismo que sucedió con mi compañero Margarito Martínez Esquivel, porque supuestamente trabajaba para esas páginas que dicen que es información, pero no es cierto. Es información entre grupos delictivos”.

Vino entonces la descripción de la realidad a la que se enfrentan los reporteros, en especial los de Tijuana, donde figuran varias páginas en redes sociales de gente que se presenta como periodistas y, según la denuncia, solo envían mensajes entre un grupo criminal a otro.

“Y así nos tienen expuestos desde hace muchos años y nosotros queremos resultados, que dejen de proteger a reporteros que dicen que son reporteros, porque no lo son y que trabajan con grupos criminales aquí en Baja California” dijo y entonces se dirigió a Aracely Domínguez y le espetó: “es mentira señora, no nos la encontramos nunca en la calle”.

Domínguez intentó defenderse: “Mi trabajo no es en la calle”

Y alguien grita: “¿por qué le dieron protección?

Al encargado de comunicación social del gobierno del estado, Néstor Cruz, el evento se le salía de las manos, así que optó por decir que luego le darían la palabra a Ana Lilia Ramírez, pero la grabación del estado ya hacía mucho tiempo que se había suspendido.

Más adelante tomó la palabra Eglantina Esquivel, madre del fotorreportero Margarito Martínez Esquivel, asesinado el 17 de enero en las afueras de su casa en la delegación más violenta del país, la Sánchez Taboada.

“Pido que se investigue, que se haga justicia y no queden impunes los asesinatos de Margarito y de Lourdes Maldonado, una gran amiga que desde que vino de México se vinculó con nosotros”.

Antes, los funcionarios federales reconocieron que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos ha tenido fallas, pero más aún, reconocieron que las agresiones, hostigamiento y asesinatos provienen de las autoridades municipales.

“De lo que hemos investigado en el mecanismo, los enemigos principales son el crimen organizado, la impunidad, la corrupción, la falta de colaboración de autoridades locales y sobre todo, este efecto que se tiene que las autoridades municipales ejerzan las agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, aceptó Enrique Irazoque Palazuelos, director ejecutivo federal del mecanismo.