CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por segundo día consecutivo, más de 100 trabajadores agrarios y empleados del empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez protestaron frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la liberación del operador de camiones, quien –aseguran– está preso injustamente desde hace más de un año.

Ayer protestaron frente a Palacio Nacional y hoy los manifestantes arribaron a la FGR con pancartas y lonas para exigir que se revise la denuncia que el empresario interpuso en contra de Álvaro Sánchez, alias el "Tartamudo", sujeto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala como líder de una "célula delictiva dedicada al trasiego de droga de Centroamérica a Estados Unidos".

Entre los delitos sembrados que, afirman, mantienen encarcelado al empresario está la trata de personas, portación de armas de fuego prohibida, posesión de droga y robo de 2 mil 500 pesos “a una persona que nunca en mi vida he conocido”.

De acuerdo con las denuncias, todo eso fue sembrado en su camioneta el día de su detención, ya que, según lo narrado en la carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador, practicó la cadena de custodia al vehículo.

Según los manifestantes, Jhovani Aguirre Benítez fue encarcelado por una venganza de “un personaje” que se dedica a actividades ilícitas quien le pidió que le apoyara con sus tractocamiones para mover cosas al margen de la ley, a lo que Aguirre Benítez se negó porque, según ha dicho, “yo no me meto en esos negocios sucios”.

Se tenía previsto que hoy se llevara a cabo la audiencia en la que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dictara sentencia. De acuerdo con las denuncias presentadas en la Presidencia de la República, “el personaje” –a quien no se identifica–, le llamó a la familia de Aguirre Benítez para decirles que de él dependía si el juez le imponía una pena de ocho o de 20 años de cárcel.

En el escrito que los manifestantes entregaron en la Presidencia de la República y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Jhovani desmenuza una larga lista de inconsistencias de su caso: Explica que nunca le fue asignado un abogado de oficio, como lo establece la ley; que el vehículo en el que fue detenido no fue puesto a resguardo de la autoridad; fueron aseguradas sus puertas y cofre.

Aguirre Benítez precisa que “El Tartamudo”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “se ha propuesto destrozarme a través de sus relaciones y capacidad económica, al grado de que el día 14 de agosto de 2021, a las 21:20 horas, fui detenido por una supuesta llamada anónima y auxilio ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México.

“Me bajaron con violencia y revisaron mi vehículo. Me indicaron que debajo del asiento del copiloto encontraron un arma de fuego .380. Por ello fui puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Una hora con quince minutos más tarde de ser privado de mi libertad personal, a dicho lugar llegó este señor acompañado de sus hijos en la calle, antes de entrar a las instalaciones del Ministerio Público Federal me dijo: ‘Ya valiste madre por pendejo, por no querer ayudarme y nada más porque la policía fue grabada cuando fuiste detenido porque de otro modo te hubieran entregado conmigo y ahorita ya te hubiera quebrado’”.

Cabe señalar que, durante la protesta de ayer, un empleado del Tribunal Superior de Justicia les pidió que suspendieran la protesta, a cambio de que el tribunal revisará el caso.

Pese a la oferta, los manifestantes advierten que no se irán de la Ciudad de México hasta que haya una solución “a esta injusticia” y se suspenda o revise la audiencia.

Los inconformes denunciaron que “el personaje” ha sido capaz de corromper autoridades en diversos estados de la República, y Veracruz no ha sido la excepción, pues como parte de su venganza, en julio pasado presuntamente le pagó a la Policía Ministerial de Coatzacoalcos para que montara un caso de secuestro y acopio de armas.

Cuatro de sus trabajadores fueron detenidos, acusados injustamente, golpeados y torturados, y fue gracias a las protestas que encabezaron otros empleados de sus ranchos, así como familiares, que pudieron evidenciar la injusticia que estaban sufriendo y quedaron en libertad antes de ser llevados a audiencia de vinculación a proceso.

El rancho propiedad de Jhovani Aguirre Benítez fue entregado el mes pasado por la Fiscalía General del estado y se constató que nunca hubo delito que perseguir, y todo se trató de una treta más ordenada por “el personaje” que, aseguran los denunciantes, en Veracruz tiene las puertas abiertas para operar impunemente.