WASHINGTON (apro).– Durante una audiencia de rutina de preparación de juicio, la defensa de Genaro García Luna y los fiscales del gobierno de Estados Unidos que lo acusan de narcotráfico, se pusieron de acuerdo en la entrega de la lista de testigos que ofrecerán testimonio en el proceso.

Ante el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, las partes acordaron entregar a más tardar el próximo 9 de diciembre la lista de testigos y los documentos probatorios relacionados a sus testimonios, previo al inicio del juicio el 9 de enero de 2023, en audiencias que se realizarán de lunes a jueves.

Bajo la conducción del juez Cogan, el Departamento de Justicia se comprometió a informar a la defensa de García Luna, con tres días de antelación, el nombre del testigo no cooperante que llevará a la Corte y los documentos probatorios correspondientes.

Para el caso de los testigos cooperantes, los fiscales federales quedaron comprometidos a entregar con no menos de 24 horas de antelación a la defensa de García Luna, la identidad y documentos con el objeto de que prepare sus cuestionamientos.

García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, está acusado de cuatro delitos federales de narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa y de uno más: haberle mentido a un agente federal migratorio.

El juicio contra García Luna inicia el 9 de enero de 2023 con la entrega del cuestionario (de la defensa y fiscales) a los potenciales miembros del jurado calificador.

Posteriormente, el 17 de enero del próximo año se depurará de 60 potenciales jurados a los 12 ciudadanos civiles neoyorquinos que en el juicio decidirán si el acusado es culpable o inocente de los cargos que le imputa el gobierno de los Estados Unidos.

De ser declarado culpable, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo o a unos 20 años de cárcel como mínimo, además cuenta con la opción de declararse culpable, evitar el juicio y recibir una pena de unos 7 años de prisión.