CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una de las últimas operaciones que la Secretaría de Marina llevó a cabo en el mar de Huatulco, en Oaxaca, con el fin de interceptar droga proveniente de sudamérica, Álvaro Niño Cruz, juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control ordenó la inmediata libertad de dos personas que fueron detenidas por la Marina cuando traficaban con droga.

Estos sujetos traían 600 kilogramos de cocaína y además, realizaron diferentes agresiones al personal naval y fueron finalmente asegurados. Sin embargo, el juez Álvaro Niño Cruz calificó de ilegal la detención, argumentando que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva en donde supuestamente la Armada de México, no cuenta con facultades legales. 

Por tal motivo decretó la inmediata libertad de los detenidos con efecto de sobreseimiento y elevándolo a calidad de sentencia absolutoria.

La Fiscalía General de la República va a apelar la determinación de este juez, informó el subsecretario de seguridad y protección ciudadana, Ricardo García Berdeja.

En la conferencia matutina de este jueves, señaló:

Lo grave es que ese día se había asegurado una embarcación menor, motores, bidones con combustible, 600 kilogramos de cocaína y, además de ello, estos sujetos realizaron o trataron de realizar disparos de armas de fuego en contra de la aeronave que estaba haciendo las operaciones por parte de la Secretaría de la Marina y efectuaron movimientos zigzagueantes y soltaron una lona con la intención de enredarla en el fuselaje de la aeronave, es decir, atentaron contra la propia aeronave para tratar de causarle un daño, una afectación y que no pudiera continuar con operación".

No obstante todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad. Aquí ya nada más faltaba que el juez les regresara a los 600 kilogramos de cocaína, dijo en tono de sarcasmo 

Agregó:

"Aquí lo importante es que este juez no consideró las disposiciones del Derecho Marítimo Internacional que obligan a los estados parte por medio de sus buques y aeronaves a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes e inspeccionar las embarcaciones sin nacionalidad en altamar. Esto está soportado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; en la Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y en la propia Constitución Política de la República, que establece la obligatoriedad de los tratados de carácter internacional".

Pues bien, todo esto no fue suficiente para el juez, por lo que su resolución ya fue recurrida por parte de la FGR, aseguró.