CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México (ICM) alertó que en México “ya no hay tiempo” para avanzar en la descarbonización. “Si no corregimos políticas inmediatamente, a principios de 2023, no podemos esperar a que termine esta administración y llegue una nueva administración, del partido que sea, para que se cambien las políticas”.

De esperar dos años, con las “repercusiones negativas en las emisiones de México”, a la próxima administración “ya no le habría dejado espacio de maniobra para cumplir con la meta 2030 (del Acuerdo de París de 2015), a menos que se tomen medidas inmediatamente”, añadió durante una conferencia virtual desde la Cumbre del Cambio Climático (COP-27), en Egipto, donde presentó su propuesta de Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) desde la sociedad civil.

El documento, con 88 medidas concretas, basadas en análisis científico y técnico, busca contribuir a que México (desde el gobierno y todos los sectores) logre reducir 30% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, de manera no condicionada (el país con sus propios medios) y, hasta 47%, de manera condicionada (con financiamiento internacional), para cumplir con el citado Acuerdo de París.

A pesar de considerar una “noticia extraordinaria” que México vaya a presentar metas más ambiciosas que las de 2015, consideró que es “totalmente incompatible” frenar las energías renovables y seguir promoviendo las energías fósiles y que “ahora México presente ante el mundo metas más ambiciosas de reducción de emisiones”.

“O es una o es la otra, por eso decimos categóricamente en nuestro documento que la política energética tiene que cambiar diametralmente si México aspira avanzar a la descarbonización”.

En su opinión, “no hay suficiente vinculación y congruencia de algunos planteamientos gubernamentales del último año y lo que en los hechos pasa”, es decir, que se deben “cambiar radicalmente algunas de sus políticas, las más incompatibles con la reducción de emisiones, y algunas que incluso generan más emisiones. Recapacitar en cambiar esas para lo que le conviene a México”.

En este sentido, consideró que pronto podremos observar “si México va a ser serio ante el mundo, entonces deberíamos observar inmediatamente los cambios muy claros respecto de políticas que se venían aplicando”.

Sería desincentivar que no hubiera un cambio de rumbo, dijo, para darle la importancia que merece el tema del cambio climático en todos los sectores para que pueda avanzar esa agenda.

Hasta el momento, dijo, México tiene todavía un atraso de dos años en cuanto a la entrega ante el Acuerdo de París de sus contribuciones revisadas.

De acuerdo a las estimaciones de la Fundación ICM en el documento presentado, México estará entre los 10 mayores emisores del mundo a partir de mediados de esta década. Hasta el día de hoy, es el único integrante del G20 que no ha planteado una fecha para llegar a cero emisiones netas, como ya lo han hecho Estados Unidos, Canadá o países de la Unión Europea, que se comprometieron para 2050.

Considera que es urgente reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia en México, porque el 68% de su población (85 millones de personas) “se encuentran en alta o muy alta vulnerabilidad”. Aproximadamente 50% de sus municipios presentan muy alta o alta vulnerabilidad al cambio climático, y se prevé que se exacerbe en el futuro.

“México se encuentra en el lugar 95 de los 181 países más vulnerables al cambio climático, por su localización entre dos océanos, su latitud y su relieve lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeorológicos”, señala el documento.

La inversión estimada necesaria para la implementación del compromiso no condicionado asciende a 105.604 millones de dólares para 2030, y a 255.997 millones de dólares para el cumplimiento del compromiso condicionado.

Sólo en el sector eléctrico, la medida con el principal potencial de mitigación, sugiere, es el establecimiento de acciones e incentivos para el incremento de la capacidad de generación de energía solar y eólica. Este esfuerzo podría reducir 30 millones de toneladas de CO2 durante la presente década. A su vez, la energía solar fotovoltáica a gran escala, podría alcanzar 26.9GW para 2030 y reducir 17.2 millones de toneladas de CO2.

En el sector transporte, uno de los más contaminantes, proponen actualizar la norma de eficiencia energética para vehículos ligeros, que ayudaría a reducir emisiones de hasta 19.5 toneladas de CO2, una de las medidas de mayor potencial de mitigación, con lo cual tendría que haber un cambio como la salida acelerada del mercado de las camionetas SUV de 6 y 8 cilindros, y un incremento notable en la venta de vehículos híbridos.

Proponen en el sector de petróleo y gas la reducción del venteo y la quema de gas natural, como una de las medidas que tienen mayor potencial de mitigación, seguida de la implementación de proyectos de cogeneración en Pemex y la reducción de emisiones de metano.

Plantean el aprovechamiento de biogás, tanto en plantas de tratamiento de aguas residuales como en rellenos sanitarios, una medida que permitiría reducir casi 10 millones de toneladas de CO2 para 2030 en el sector residuos, entre otros.

Luisa Sierra, directora de Energía de ICM señaló que en el rubro de electricidad y energéticas se puede reducir un 39%de emisiones, pero para lograr se requiere un despliegue acelerado de energías renovables; es fundamental la salida total, justa y progresiva del uso del carbón y de combustóleo.

También consideró importante el fomento de proyectos como ejido solar y hogar solar, que pueden generar condiciones de justicia, equidad y bienestar para todos.

Jorge Villarreal, director de Política Climática del think thank, señaló que la elaboración de su propuesta está pensada desde la justicia climática, la transición y la perspectiva de género, con la finalidad de responder al Acuerdo de París, que ha puesto en el centro la justicia climática. “El cambio climático no puede disasociarse del cumplimiento de estos acuerdos, porque para el ICM justicia climática supone reconocer las injusticias históricas y las desigualdades estructurales”.