CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El regreso a México de nacionales de Venezuela expulsados por las autoridades de Estados Unidos bajo el Título 42 está causando una “crisis humanitaria”, por lo que el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) urgió al gobierno a concretizar una “estrategia” para atender a estas personas, “velando por el debido ejercicio de sus derechos humanos”.

“La población migrante de Venezuela se encuentra en precariedad y en un estado de vulnerabilidad, que requiere de acciones concretas, urgentes y solidarias”, instó el organismo de monitoreo del Instituto Nacional de Migración (INM), conformado por organizaciones de la sociedad civil.

 En un comunicado, el CCINM expresó su preocupación por la crisis humanitaria “que están viviendo las personas migrantes de Venezuela en México”, marcada por la llegada al país de decenas de miles de nacionales de ese país, con la intención de pedir asilo a Estados Unidos para muchos.

A principios de mes, el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, pactó con la administración de Joe Biden un acuerdo a través del cual México acepta la devolución de nacionales de Venezuela bajo el Título 42, una medida que el gobierno de Donald Trump para deportar “en caliente” a México a cientos de miles de migrantes bajo el pretexto de la pandemia de covid-19.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han rechazado en bloque el acuerdo, especialmente después de darse las primeras deportaciones, en las que imperó la confusión para los nacionales de Venezuela: cientos fueron amontonados en centros de detención en la frontera, y otros recibieron documentos con 7 días para salirse del país.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón fue cuestionado sobre la situación de los venezolanos, y trató de minimizar la situación: aseveró que las autoridades de Estados Unidos están deportando “cientos, no miles” de ellos, y que actualmente 77 mil venezolanos tienen un estatus de residencia en el país.

Sin embargo, el CCINM urgió el INM a poner en marcha la atención a personas deportadas bajo el Título 42 “de forma clara, coordinada y transparente”, entre otros para evitar que sean víctimas de “la delincuencia organizada, de delitos, agresiones o violaciones a los derechos humanos”.

Después de su deportación en caliente, cientos de venezolanos han buscado albergues en la frontera norte y en la Ciudad de México, provocando una saturación de los espacios de hospedaje de personas migrantes.