La “omisión” de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia se tradujo en un incremento de las muertes violentas, que pasó de cinco, en 2009, a 10 feminicidios diarios, en 2021, denunció María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organismo fundado hace 15 años.

El OCNF alertó que durante este tiempo se ha confirmado cómo las mujeres siguen “enfrentando una violencia estructural, que se ve reflejada en las formas, saña y brutalidad con que son asesinadas las mujeres y niñas; en violencias sexual, la desaparición, los ataques de ácido, entre otras violencias”.

En el Hemiciclo a Juárez, uno de los escenarios desde donde Marisela Escobedo exigió justicia para su hija Rubí Frayre Escobedo, Estrada destacó que mientras en 2009 se registraron mil 858 asesinatos de mujeres, lo que equivale a cinco asesinatos violentos al día, en 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 3 mil 750, es decir 10 diarios.

La defensora recordó que el surgimiento del OCNF “fue una respuesta a la inacción del Estado y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organizaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el gobierno estatal y federal deberían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres”.

Destacó que desde que dieron seguimiento a la violencia contra las mujeres en la frontera norte temían que lo documentado en Chihuahua y Ciudad Juárez “se replicara en otros estados de país”, por lo que durante los últimos años han visibilizado “la misoginia y discriminación que se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres”.

Para la organización, a pesar de que “México fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia”.

Al insistir que la “saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres y niñas”, se ha incrementado en los últimos años, el OCNF recalcó que los asesinatos de Ingrid Escamilla, en 2020, y de Debanhi Escobar en Nuevo León, en abril de este año, reflejan las deficiencias y las omisiones en el esclarecimiento de los feminicidios.

A 15 años de la creación del OCNF, urgió a legislar para prevenir, atender y sancionar el feminicidio “a partir de la propuesta de Ley General contra el Feminicidio, donde se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como estrategia de prevención, la reparación del daño y la atención a las niñas y niños en situación de orfandad por ese delito”.