CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, no quiso declarar ante el Ministerio Público el pasado 5 de octubre, por las acusaciones de haber recibido dinero en efectivo para beneficiar las campañas electorales de Morena en 2015.

Pío se reservó su derecho a declarar ante el Ministerio Público de la Federación, de acuerdo con el informe justificado que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez.

Desde agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió dos videos en los que se veía a Pío Lorenzo recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, excoordinador de Protección Civil, para contribuir a las operaciones de Morena en el estado de Chiapas, en 2015.

Por todo un año se ha dirimido el caso en tribunales judiciales y electorales sin que que se resuelva. La FGR clasificó el caso como “confidencial", e incluso, rechazó confirmar la existencia o inexistencia de denuncias en su contra, pues “atentaría contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia”. 

Según la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, la legislación penal solo permite acceso a las carpetas a los imputados y las víctimas o sus representantes. Ante la orden del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), dictada en sesión del 17 de agosto pasado, el hermano del presidente presentó el 26 de septiembre una demanda de amparo.

Frente a esta decisión de la FGR, el INAI ordenó el pasado 5 de octubre dar acceso público a las seis carpetas de investigación que tiene la en contra de Pío López Obrador.

“El delito atribuido a Pío Lorenzo López Obrador tiene implicaciones directas con la vida política del país, pues a través de las conductas que encuadran el tipo penal de referencia, se podría beneficiar de manera indebida y/o ilícita a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, en detrimento de otro u otros partidos o asociaciones políticas y, consecuentemente, de los gobernados.

“Este Organismo considera que se encuentra justificado el que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas en contra de Pío Lorenzo López Obrador. En el mismo sentido, la difusión de la información requerida reviste un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar qué sucedió con las supuestas aportaciones a un partido en específico”, agregó.

Ese mismo día Pio Lorenzo se reservó su derecho a declarar ante el Ministerio Público de la Federación. En los estrados judiciales correspondientes al juicio de amparo 159/2022, la FGR informó al juzgador federal que “el 5 de octubre del año en curso, se desahogó el acto de investigación consistente en la declaración del quejoso… remitiendo para tal efecto copia autentificada de la declaración ministerial del imputado”.

En el documento se advierte que el imputado rechazó hablar ante el agente del Ministerio Público de la Federación que integra la carpeta de averiguación en su contra.

La comparecencia se da en el marco de un amparo concedido por un juzgado federal a Pío López Obrador para que la fiscalía electoral tomé la determinación de judicializar el caso o de darle carpetazo, ya que el amparo del hermano del presidente López Obrador es contra la tardanza de la Fiscalía para tomar una determinación final sobre este caso.