CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras tres días de audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó su solicitud de vinculación a proceso en contra de 16 funcionarios y exfuncionarios imputados por presuntas irregularidades en los contratos otorgados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) entre 2011 y 2012 para la construcción de ocho penales con recursos provenientes de ocho consorcios privados.

La representante de la Fiscalía, Lucía Santiago Leyva, así como sus fiscales auxiliares, tardaron más de 20 horas para exponer la teoría del caso en contra de 16 imputados, incluyendo a cuatro excolaboradores del extitular de la SSPF, Genaro García Luna, señalados por firmar los ocho contratos originales para la construcción de los centros penitenciarios con un presunto sobrecosto de 62 mil millones de pesos.

También fueron imputados otros 12 exfuncionarios y funcionarios en activo por la firma de 75 convenios modificatorios para la construcción y operación de los penales federales, por lo que se presentó el escrito formal de imputación contra los principales mandos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Secretaría de Gobernación y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismos que se encargan de vigilar y administrar los penales federales.

Los ocho contratos privados relacionados con esta carpeta de investigación fueron otorgados por adjudicación directa a ocho grandes consorcios mediante la figura de Contratos de Prestación de Servicios, argumentando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, en contra de dicha lógica, posteriormente se permitió que los privados subcontrataran a diversas empresas, poniendo en peligro la confidencialidad del proyecto.

Según la imputación, hubo un acuerdo previo y una colusión entre todos los funcionarios y exfuncionarios imputados, incluyendo a los que laboran con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el actual coordinador de los Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, el general Sergio Martínez Castuera.

Para la Fiscalía, los delitos imputados a los servidores públicos que fueron investigados por este caso son los de asociación delictuosa y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, este último impugnado por la mayoría de las defensas por considerar que ya está prescrito.

Sin embargo, para la FGR se trata de un delito continuado a lo largo del tiempo, ya que los convenios modificatorios firmados con posterioridad a la firma de los contratos originales o primigenios, han mantenido su vigencia. Hasta el momento, solo García Luna cuenta con orden de aprehensión por los presuntos delitos asociados con esta causa penal.

Según la imputación, el exoficial Mayor de la extinta SSPF, Sergio Montaño Fernández; y el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acordaron desde el principio entregar los contratos de esta obra a empresas privadas, a pesar de que carecían de facultades legales para hacerlo, provocando un daño al erario.

Este jueves las defensas intentarán hacer valer la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público, pero todo dependerá del análisis que haga el juez de la causa.

No obstante, fuentes judiciales explicaron que en la carpeta de investigación no se habla de que los exservidores públicos se llevaron un pago o un beneficio personal, por lo que no hay ninguna imputación directa por delitos que pudieran asociarse a la corrupción como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o cohecho, entre otros.

Hoy se lleva la cuarta audiencia pública de esta causa penal en la que las defensas podrán presentar sus alegatos y datos de prueba en contra de la solicitud de vinculación, debido al alto número de imputados, el juez de la causa estima que será hasta el domingo que se defina si se vincula a proceso o no a los 16 exfuncionarios y servidores públicos en activo.