CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la gravedad del fenómeno de desaparición de personas persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.

De igual forma, señaló que llama la atención que aún no se hayan creado el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas, ni que tampoco se haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones, previstos desde la expedición de la Ley General.

La oficina del organismo internacional en derechos humanos advirtió que los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.

“La ONU-DH observa avances en la implementación de algunos aspectos de la Ley General relacionados, entre otros, con una mayor apropiación del tema por parte de ciertas autoridades, la aprobación en el nivel nacional de importantes herramientas para la búsqueda, la expedición de marcos regulatorios en determinadas entidades federativas y la creación de todas las comisiones de búsqueda. No obstante, aún quedan importantes aspectos rezagados que urge atender”, señaló en un comunicado.

Dicha instancia de la ONU manifestó que ve con preocupación los intentos de desvinculación y falta de colaboración por parte de la mayoría de las fiscalías en la responsabilidad estatal de buscar a las personas desaparecidas.

Al retomar la vista en noviembre del año pasado del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señalo que “la impunidad es casi absoluta”, lo que favorece la reiteración de estos graves delitos.

Otra moción observada por ONU-DH es que no obstante el carácter “general” de la Ley, esto es, su obligatoriedad para las autoridades de todos órdenes de gobierno y en todo el territorio nacional, la mayoría de entidades federativas aún carecen de una política pública en materia de desaparición de personas e incluso algunas no han armonizado sus marcos legislativos con los contenidos de la Ley General ni han dotado a sus comisiones estatales de búsqueda de los recursos mínimos indispensables para cumplir con su importante labor.

“Estas omisiones, incumplimientos y retrasos de los actores estatales repercuten negativamente en los derechos de las víctimas, en quienes sigue recayendo indebidamente, en ocasiones a costa de grandes riesgos, la carga de buscar a sus familiares e incidir en el aparato de procuración de justicia para que cumpla con identificar y sancionar a los responsables”, aseveró la ONU-DH.