CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Vázquez Reyes debe declarar a qué y a quiénes se destinó el dinero que presuntamente desvió mientras fungía como subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Así lo señaló este jueves la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, luego de que el exjefe de asesores del hoy senador de la República abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para continuar su proceso en prisión domiciliaria, tras acogerse al criterio de oportunidad como testigo colaborador, además de dar nombres y datos a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para seguir la investigación en su contra.

Este jueves, cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo reconoció la decisión de la Fiscalía local --presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y aceptada por un juez-- y aclaró: 
           
“Hoy se acoge a este criterio y presentará las pruebas que tenga que presentar. No conozco los detalles, en eso guardamos la autonomía de la Fiscalía frente a las personas en donde tienen pruebas contundentes, relacionadas con la investigación original”.

Destacó “que el delito que comete (Vázquez Reyes) tiene que ver con mil millones de pesos, en dos ocasiones, que fueron utilizados en dos días para el regreso del ISR a un tercero, y encuentra la Fiscalía General de Justicia en toda la carpeta de investigación que hubo irregularidades”.
           
“Hay que esperar” a los siguientes días, cuando haya avances en la investigación, dijo, luego de lo cual añadió: “Entiendo que parte del tema es a qué fue destinado este recurso y a quiénes”.

La tarde de ayer, el también operador político y financiero del gobierno mancerista dejó la celda a la que fue llevado en el Reclusorio Norte, donde permaneció desde finales de febrero de 2020. Su detención se registró en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, por su presunta responsabilidad en el uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos en agravio del erario.