PUEBLA, Pue. (apro).- Pobladores del municipio de Coyomeapan y de la región de Libres-Oriental, apoyados por la diputada federal morenista Inés Parra y la activista Claudia Martínez, acusaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta de encarcelar y perseguir a indígenas, campesinos, feministas y estudiantes que han participado en protestas sociales en la entidad.

En una rueda de prensa realizada en la Cámara de Diputados, Parra exigió la libertad de los pobladores nahuas Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastasio González, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera, quienes fueron encarcelados por protestar contra el cacicazgo que ha establecido la familia Celestino Rosas en el municipio de Coyomeapan.

Los pobladores de esa localidad de la Sierra Negra realizaron diversas después de que, tras los comicios del pasado 6 de junio, se dio como ganador de la alcaldía a Rodolfo García López, esposo de la actual diputada federal por Morena, Araceli Celestino Rosas, y cuñado del alcalde saliente, David Celestino Rosas.

Ambos hermanos se han turnado la alcaldía por 11 años y ahora continuarían en el poder por otros tres años con García López al frente, dicen los pobladores, quienes acusan a esa familia de operar a favor de la hidroeléctrica que beneficiará a la Minera Autlán, y de cometer actos de corrupción y abuso de poder.

Luego de las elecciones pasadas, los habitantes de Coyomeapan tomaron las instalaciones del Consejo Municipal Electoral e impidieron la salida de las urnas electorales, para exigir que se realizara un coteo casilla por casilla; además, denunciaron irregularidades como la compra de voto y amenazas e intimidaciones contra los electores.

Inés Parra indicó que, en medio de este conflicto social, el 1 de septiembre la Secretaría de Gobernación de Puebla citó a un grupo de pobladores a una mesa de diálogo en el Centro Integral de Servicios (CIS) del municipio de Ajalpan, pero al salir del lugar, Basilisa Montaño, Adán Anastasio y Eruviel Aguilar fueron “emboscados” por decenas de policías y desde entonces están en prisión.

Posteriormente, el 5 de septiembre, otro habitante de esa comunidad indígena, Gonzalo Martínez Herrera, fue detenido en su domicilio “con lujo de violencia y sin orden de juez”, bajo los mismos cargos contra los otros pobladores, es decir, daño en propiedad ajena y despojo, apuntó.

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos advirtió que tienen conocimiento de que hay otras 28 órdenes de aprehensión contra pobladores de la localidad serrana que participaron en la manifestación contra el cacicazgo de “los Celestino”.

Luego de las protestas de diversas organizaciones por la detención de los cuatro pobladores indígenas, el gobernador Barbosa Huerta aseguró que tenían pruebas de que habían cometido delitos como quemar la presidencia y material electoral, además de que –subrayó-- golpearon y secuestraron autoridades.

La diputada Parra recalcó que las declaraciones del mandatario son “mentiras”, que hay pruebas de que se está criminalizando la protesta social pacífica y que los detenidos son en realidad “presos políticos”.

“Yo les puedo decir que el mentiroso, represor, autoritario y tergiversador es el gobernador Miguel Barbosa Huerta, porque está abusando de ese poder, y el denominador común es la estrategia y la acción represiva del gobierno del estado en contra de los ciudadanos que ejercen sus derechos”, expresó.

“Yo les puedo decir que el mentiroso, represor, autoritario y tergiversador es el gobernador Miguel Barbosa Huerta, porque está abusando de ese poder, y el denominador común es la estrategia y la acción represiva del gobierno del estado en contra de los ciudadanos que ejercen sus derechos”, expresó.

A su vez, Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dijo que entregaron un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para exigir un alto a la criminalización y persecución de los activistas y defensores de derechos de Puebla.

Además del caso de Coyomeapan, también mencionó que recientemente se giraron órdenes de presentación contra más de 50 campesinos que participaron en protesta contra las bombas antigranizo en la región de Libres-Oriental.

Y recordó que en 2020 fue detenido el activista, defensor del agua, Miguel López, quien aún sigue sujeto a proceso, e igualmente fueron encarcelados 14 pobladores de Amozoc, quienes protestaron por exigir mayor seguridad en su localidad.

Asimismo, refirió que se han abierto expedientes contra feministas que participaron en las protestas para exigir la despenalización del aborto en Puebla, y se sigue un proceso contra 43 normalistas que se manifestaron frente a Casa Aguayo el 1 de junio de este año, entre otros casos.

“Resulta evidente que, ante la protesta social en Puebla, el gobierno del estado realiza cruzadas contra quienes integran las protestas, desestimando el sentir inconforme de los movimientos y reivindicaciones que encabezan, incluso llegando al extremo de realizar persecuciones judiciales contra el movimiento social”, expresó la activista.

Pobladores nahuas participaron en la rueda de prensa para exigir que cese la persecución contra sus compañeros, que además son simpatizantes de Morena y apoyaron a Andrés Manuel López Obrador para que llegara a la presidencia de la República.

Renato Romero, del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca de Libres-Oriental, dijo que la lucha que han emprendido los campesinos de esa región es contra el saqueo del vital líquido por parte de grandes trasnacionales, terratenientes y armadoras de autos como Audi, cuando esa zona es altamente productiva en materia agrícola.

“Hay persecución contra más de 50 defensores del agua en este gobierno de Miguel Barbosa…no debe este gobierno responder con criminalizar la protesta. Sí, tomamos las carreteras, porque los terratenientes siguen bombardeando nubes, a pesar de que ya hay una ley, y es la única forma en que nos escuchan”, expresó.

“Esta es una lucha social, no somos delincuentes”, remató renato Romero.