CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El legislador Mario Zamora, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesione en lugares azotados por la criminalidad, como es el caso de Aguililla, Michoacán, controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de este miércoles, el legislador priista pidió la palabra para solicitar que se sometiera a votación de las y los integrantes la posibilidad de que sus próximas reuniones se lleven a cabo en zonas con altos índices de delincuencia.

“La propuesta es que esta comisión pueda salir de aquí del Senado a tener reuniones y sesiones de la Comisión fuera de la Ciudad de México, pueda asistir a distintos estados de la República, donde podamos, de manera tangible, donde el tema de seguridad pública es muy importante, poder ir a trabajar y sesionar de manera ordinaria”, dijo Zamora.

“Creo pertinente que los ciudadanos de distintas comunidades, de distintas ciudades, vean cómo es el trabajo que hacemos los senadores. Ojalá podamos estar en Aguililla, que haya una sesión de la Comisión de Seguridad, o en Culiacán, o en Tijuana”, añadió.

La presidenta de la comisión, la morenista Lucía Trasviña, dijo que, aunque es una propuesta importante, se tienen que sujetar a la Ley orgánica del Congreso y al reglamento del Senado y si no existe impedimento legal la propuesta podría ser discutida en la próxima reunión ordinaria.

Además, con nueve votos a favor, la Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen por el que se condena el abuso en el uso de la fuerza por parte de las personas que integran las instituciones de Seguridad Pública en todo el territorio nacional.

También, se exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción del abuso de autoridad, así como considerar la capacitación de las y los elementos de seguridad pública estatal, en materia de derechos humanos y el uso progresivo y legítimo de la fuerza pública. 

En el documento, las y los legisladores también solicitaron la implementación de exámenes de control de confianza y vocación de servicio; y, un sistema eficaz y eficiente de denuncia ante casos de abusos de autoridad policial y de aplicación de sanciones.