CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) volverá a solicitar la orden de aprehensión en contra de diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), luego de que este miércoles un juez negó la orden de detención por delitos patrimoniales cometidos en contra del erario público.

Para la siguiente ocasión, la FGR “explicará con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, señala la propia Fiscalía en un comunicado.

Explica que, en su negativa para negar la orden de detención, el Juez de Distrito argumenta:

“Que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”.

Para la FGR, ese criterio no es aceptable:

“Ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”.

Agrega que la reglamentación no permite, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.  

Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

La FGR también se pronunció en contra de “filtraciones” que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho, al referirse a que la instancia judicial dio a conocer que la FGR solicitó la orden de detención.