CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México celebró el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a “los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, a través de sus tres última resoluciones que declaran inconstitucional la penalización del aborto y que se garantice la vida desde el momento de la concepción, así como a la objeción de conciencia incluida en la Ley General de Salud.

Resaltó que la penalización del aborto, coloca en situación de discriminación a las mujeres sometidas a códigos penales locales que penalizan el legrado cometido por mujeres y personas con capacidad de gestar, “para ejercer su acceso igualitario a derechos sexuales y reproductivos, sino particularmente hacia aquellas que viven en condiciones de marginalidad o pobreza que enfrentan al mismo tiempo y con frecuencia de manea histórica, otras formas de exclusión y discriminación”.

Al recordar que las últimas semanas, el pleno de la SCJN resolvió controversias constitucionales sobre el Código Penal de Coahuila, la Constitución de Sinaloa y la Ley General de Salud, el organismo local consideró que “sientan un precedente fundamental para su acceso igualitario a todos los derechos sexuales y reproductivos”, criterios que “son contundentes y fijan criterios indispensables para que en ningún lugar del país se siga encarcelando a las mujeres por ejercer sus derechos”.

Copred alentó a los ministros de la SCJN a que “diseñen lineamientos para que el Congreso de la Unión garantice los derechos de las pacientes, así como de mujeres y personas con capacidad de gestar que busquen abortar con alcance en todas las entidades del país, pues resultaría discriminatorio que la ubicación geográfica de una persona limite el ejercicio de su derecho a decidir”.

El organismo consideró que las resoluciones se encaminan a la eliminación de otras desigualdades relacionadas con la condición socioeconómica de las mujeres, pues de acuerdo a la organización Ipas México, “los principales patrones en las sentencias de las mujeres procesadas o sentenciadas por el delito de aborto han sido condiciones de pobreza, zonas marginadas y mujeres indígenas, lo cual se relaciona con un tipo penal sexista, clasista y racista”.

Agregó que las resoluciones del máximo tribunal del país “buscan impedir la posibilidad de que las autoridades obstaculicen el acceso al aborto con argumentos morales, y así evitar los impactos diferenciados de su penalización, que recaen en las personas más vulneradas”.

Tras reconocer la labor de “organizaciones, instituciones, activistas, acompañantes, movimientos feministas y otras disidencias”, para que la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes llegara a la SCJN, el Consejo advirtió que la agenda “no se ha agotado”.

Recordó que entre las tareas pendientes de resolver, está garantizar que el personal e salud y autoridades locales apliquen la Norma Oficial Mexicana 046, vigente en todo el país, que permite el aborto en casos de violación sin que sea necesaria una denuncia, así como que “lo congresos locales adecuen las legislaciones estatales a las determinaciones de la SCJN, y que autoridades e instituciones garanticen que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a la interrupción de su embarazo de manera libre, gratuita y segura”.

Copred resaltó que la Ciudad de México, “como desde hace 14 años, refrenda su obligación de garantizar, sin criminalización alguna, el derecho a abortar de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

Para el organismo, las decisiones de la SCJN, “confirman hoy esa vocación” de los agentes del Estado responsables, y confirman hoy “esa vocación y obligan a las autoridades, instituciones y sociedad capitalinas a reconocer y respetar en todo momento lo que a legislación de nuestra Ciudad ya reconocido: que la maternidad no puede, jamás, ser impuesta, menos desde el Estado”.