TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados en México (Acnur) y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)  se deslindaron de ser partícipes en la posible creación de un “campamento humanitario” en la frontera sur, como lo dio a conocer el Instituto Nacional de Migración (INM) y que hasta ahora esa es sólo una propuesta de ese organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tras conocer la versión del INM de que inició el proceso de comunicación y acuerdos con Acnur-México y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, para crear ese “campamento humanitario” con la intención de brindar espacios y servicios a personas que están a la espera de una resolución de refugio y/o asilo”, estos organismos respondieron a ese organismo.

Primero fue la Acnur México, quien dijo que “la idea de un campamento humanitario fue propuesta por INM en la Conferencia Nacional de Migración, y recién remitieron la solicitud a ACNUR”.

En un tuit en su cuenta oficial, dijeron que han respondido ya al INM a quienes les expresaron que “el tema de los haitianos es complejo, con varios aspectos que acordamos discutir con el Comisionado en otra reunión”.

“Coincidimos con la Conferencia del Episcopado Mexicano y reiteramos la necesidad de asegurar alternativas migratorias accesibles y seguras, además de fortalecer a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el acceso al asilo para quien necesite protección internacional”, agregaron los funcionarios de la Acnur en su red social.

Por su parte, la CEM, a través de su área Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, explicó que efectivamente esa es una propuesta del INM y que hasta ahora “no existe ningún acuerdo o aceptación sobre este tema”.

A la CEM, dijo, le preocupa las condiciones de hacinamiento en la que ahora se encuentran los migrantes en Tapachula, las condiciones de inseguridad y la falta de trabajo que es lo que la mayoría busca en su caminar como migrantes, con lo que se les violenta sus derechos humanos.

Se dijo abierto al diálogo para lograr acuerdos que permitan garantizar los derechos de las personas migrantes, a quienes se les debe dar alternativa para regularizar su estancia migratoria y respetar su derecho al libre tránsito como lo marca la Constitución mexicana.