TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– El Congreso de Chiapas quitó la noche del viernes el fuero constitucional a tres alcaldes señalados por diversos delitos, uno de ellos, Gildardo Zenteno Moreno, de Bochil, quien fue llevado preso al penal de El Amate por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género.

A petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), legisladores chiapanecos procedieron el viernes por la noche a desaforar también a Delia Yaneth Velasco Flores, alcaldesa de Pantelhó, y a Viridiana Hernández Sánchez, alcaldesa del municipio de Simojovel.

Fue la Fiscalía de Delitos Electorales la que confirmó este sábado que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gildardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, cometidos en agravio de Irene “N”, síndica municipal, Luisa “N”, regidora plurinominal, y Sara “N”, segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil.

Con base en la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), en la que declaró violencia política en razón de género, cometida por el presidente municipal de Bochil en contra de integrantes de su cabildo, la FGE solicitó al Congreso del Estado la separación del cargo de Gildardo “N”, quien fue desaforado.

La Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión, otorgada por el juez de control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Especializada adscritos a esta Fiscalía en contra de Gildardo “N”.

De acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente, el detenido, en su carácter de presidente municipal y en ejercicio de sus funciones como servidor público, realizó diversas conductas de naturaleza omisiva, en contra de la síndica y la primera y segunda regidora del Ayuntamiento de Bochil, tales como no convocarlas a sesiones, no proporcionarles información relacionada con los cargos y funciones de las ofendidas, no responder sus requerimientos de información de la cuenta pública, ni de los informes trimestrales y anual, y no les permitía asistir a sesiones de cabildo, reteniéndolas en sus propias oficinas.

El imputado ya fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El Amate”, donde el Órgano Jurisdiccional resolverá su situación jurídica en el término constitucional.

Además de este delito, por diversas denuncias penales presentadas por la síndico, Irene Ordóñez Flores, y las regidoras Luisa Mercedes Pérez Ramos y Sara Elisa López Camacho, el alcalde Gildardo Zenteno Moreno tiene varias carpetas por diversos delitos, algunas por desvíos de recursos público y otra por abuso de autoridad y tortura.

Sobre los delitos que se les imputan a las alcaldesas, aún no ha dado nada a conocer ni el Congreso del Estado ni la propia FGE.