CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Lydia Cacho acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger “la red de tratantes de niñas y pornografía infantil”, luego de que una magistrada ordenó la liberación de Kamel Nacif Borge, detenido en Líbano en mayo pasado, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló acusaciones en su contra por tortura.

En su cuenta de Twitter la periodista, quien se encuentra fuera del país porque teme por su vida, informó que este viernes la magistrada Selina Avante Juárez emitió una orden a autoridades de Líbano para que pongan en libertad a Nacif Borge, “a pesar de la evidencia que fue él quien orquestó y pagó” por torturarla al ser detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a un penal de Puebla, en 2006. 

En contra del empresario textil había evidencia de que “compraba niñas para violarlas, de que blanqueaba dinero sucio”, elementos que habían sido presentados en Beirut, señaló.

Y, tras calificar de “corrupta” a la magistrada, detalló que Avante Juárez es hermana del subsecretario general de acuerdos de la SCJN, Mario Avante Juárez, “mano derecha” del ministro presidente Arturo Zaldívar. 

“A Mario es a quien le entregamos todos los documentos de mi defensa que nos pedía Zaldívar”, sostuvo Cacho al denunciar que “desde la SCJN queda protegida la red de tratantes de niñas y pornografía infantil”.

Y lamentó la resolución tras “15 años de batalla judicial, de ganar en instancia internacionales, de recibir las disculpas del gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador por haber sido torturada por el Estado mexicano”.

La periodista aseguró que detrás de la determinación está el exsenador Emilio Gamboa, “quien sigue operando en la SCJN, ahora lo hizo para Kamel Nacifl y busca hacerlo par Mario Marín”, y acusó al presidente de la SCJN de no haber intervenido para “detener esta aberración de la magistrada Avante”. 

En su tuit, en el que etiquetó al presidente López Obrador, Lydia Cacho insistió en acusar a la magistrada de estar “al servicio de la red internacional de trata de niñas y niños” y de operar con base “en una mentira para desactivar un juicio que ganábamos ya en la arena internacional”.

El comentario de la activista concluyó con una pregunta dirigida a la administración de López Obrador: “¿Y este gobierno seguirá diciendo que la trata de niñas no es delincuencia organizada?”.