TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos denunciaron este miércoles las graves violaciones a los derechos de migrantes por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México  con deportaciones masivas vía aérea de ese país del norte hacia la frontera sur mexicana.

El pasado 9 y 10 de agosto, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), documentó la llegada a Tapachula, Chiapas, de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, Estados Unidos, que transportaba a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42.

Señaló que en ambos días, las personas, principalmente mujeres y familias con niñas y niños, fueron transportadas desde Tapachula en autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), -cuatro el primer día y ocho el segundo-, hacia Talismán, frontera con Guatemala, custodiados por patrullas de la Guardia Nacional (GN), “en donde se les abandonó en la frontera con Guatemala”, como sucedió bajo la política de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El colectivo señala que esto se dio sin que hasta el momento haya claridad sobre qué proceso administrativo siguieron en México.

Explicaron que estos fueron los primeros vuelos en llegar a Tapachula tras el anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42, una medida instaurada en el mandato de Donald Trump que permite “la expulsión inmediata de personas con el pretexto de la emergencia sanitaria por la COVID-192, aunque no hay evidencia científica que avale la efectividad de esta medida.

Desde la semana pasada, algunos medios han reportado el inicio de estos vuelos como parte de una estrategia para disuadir los cruces y evitar la aglomeración de personas en la frontera norte de México y los centros de detención en Estados Unidos.

Ayer martes, 10 de agosto, junto con el vuelo proveniente de McAllen, Texas, se registró la llegada de otro vuelo nacional con personas que fueron privadas de libertad en centros de detención migratoria del centro y norte de México.

Y que de los testimonios recabados, “a estas personas detenidas en el país el INM les negó explícitamente, incluso con insultos, la posibilidad de solicitar asilo en México”.

Además, se tuvo información de dos vuelos provenientes de Brownsville, Texas, que llegaron al aeropuerto de Villahermosa. Desde donde las personas centroamericanas fueron trasladadas en autobuses del INM hasta la frontera El Ceibo, con Guatemala, siguiendo el mismo modus operandi que en Tapachula.

“Estas expulsiones desde Estados Unidos y traslados para deportación desde otros estados mexicanos a la frontera sur de México, coordinados por ambos gobiernos, están vinculadas a la situación que se vive en la frontera norte, en donde desde hace 17 meses hay un cierre para los cruces considerados no esenciales, y entre ellos se incluyó a las personas que buscan solicitar asilo en el vecino país”, dijo el colectivo de organizaciones.  

Denunciaron que las expulsiones de esta naturaleza “ponen en un riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo”.  

Indicaron que el pasado 3 de agosto se terminó el proceso de excepción al Título 42 por Huisha y, desde entonces, no se aceptan más casos en la frontera de México con Estados Unidos bajo dicho proceso.  

“Esto ha generado un clima generalizado de miedo e incertidumbre entre las personas migrantes, ante la falta de claridad en los procesos administrativos y los cambios abruptos en los procedimientos, provocando que la única vía de ingreso al lugar donde las personas consideran que sus vidas están seguras sea por medios irregulares exponiéndose a expulsiones y/o deportaciones hasta el sur de México”, dijeron hoy en su pronunciamiento conjunto.  

Denunciaron que “expulsar y trasladar a personas centroamericanas que buscan protección internacional desde Estados Unidos hacia la frontera sur de México, es una grave violación al derecho a solicitar asilo o a recibir otro tipo de protección internacional, y les expone a una situación de mayor vulnerabilidad, pues ante la imposibilidad de permanecer de forma segura a sus países de origen, se les obliga a realizar de nuevo un recorrido en condiciones que les exponen y atentan contra su vida, dignidad e integridad”.  

Mencionaron que todo esto se realiza en un contexto de negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y México en las que, de nuevo, el gobierno mexicano está ejecutando políticas estadounidenses violatorias de derechos humanos, sin ningún fundamento legal y sobre las que existe una absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, en aras de despresurizar la frontera norte.  

Y que, contrario al discurso del gobierno mexicano, evade la responsabilidad de protección de parte del Estado, y termina recayendo toda la carga de asistencia humanitaria y protección de las personas en la sociedad civil.  

Es por eso que pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador aclarar públicamente la operación de estas acciones y bajo qué acuerdos se ha determinado realizarlos.  

También le demandaron garantizar que las personas, familias y niños, niñas y adolescentes accedan a información clara y necesaria sobre sus derechos, sobre todo al tratarse de familias, personas con necesidades de protección internacional y niñas, niños y adolescentes no acompañados. En todos los casos, debe buscarse la mayor protección de las personas menores de edad, con base en el principio del interés superior de la infancia.

Exigieron al gobierno federal el acceso al procedimiento de asilo de las personas que así lo deseen en el país donde determinen estar seguras. Lo que incluye el acceso a información en los idiomas de las personas con necesidades de protección internacional.

Pero sobre todo, no condicionar la regularización en México exclusivamente a la figura de refugio si la persona ha manifestado su interés de solicitar asilo en otro país y generar las condiciones básicas para que las organizaciones de sociedad civil puedan realizar su trabajo de observación y defensa de derechos humanos sin ser hostigadas ni criminalizadas.  

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste lo integran organismos de México, Estados Unidos y Centroamérica como el Mexican American Friends Service Committee (AFSC) - Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Programa de Asuntos Migratorios - UIA, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A, C, y muchos más.