CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El exgobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, aseguró que durante la administración del exmandatario Ángel Aguirre Rivero el espionaje “fue una práctica cotidiana”, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que investigue al actual dirigente del PRD en Guerrero, que fue defenestrado en 2014 tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de su cuenta en Twitter, Torreblanca Galindo, quien gobernó la entidad postulado por el PRD de 2005 a 2011, escribió el siguiente mensaje:

“Cada vez que le señalan a @AngelAguirreGro un problema sobre el ejercicio de su gobierno, su respuesta invariable es hablar de infamias. Hay que ser infame y cínico para mentir en el tema de espionaje, práctica cotidiana de su gobierno. ¿Pruebas? hay suficientes. Espero que el presidente @lopezobrador_ le tome la palabra y lo investiguen”, expresó el exmandatario.

Las acusaciones de Torreblanca Galindo contra Aguirre Rivero se dieron luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), debe “abrir y seguir” la investigación sobre la adquisición de equipos de espionaje en los estados del país.

“No sólo era una práctica que se llevaba a cabo desde el gobierno federal, sino también en los estados, como lo mencionas. Todo esto, pues debe de desaparecer, eso es lo más importante, la no repetición, el que ya no se espíe a nadie”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera del miércoles 21, el reportero de Proceso preguntó al titular del Ejecutivo sobre el caso del equipo de rastreo de telefonía celular denominado “El Perro”, que fue adquirido por el gobierno de Guerrero con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp), durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en 2014, y posteriormente utilizado en 2015 en la investigación del caso Ayotzinapa para realizar una red de vínculos de los dispositivos móviles que estuvieron activos durante la noche de la masacre y la desaparición de los 43 normalistas, como se publicó en proceso.com.mx el 22 de abril de 2016 y el 23 de junio de 2017.

Al respecto, el presidente López Obrador respondió: “Qué bien que la Fiscalía (General de la República), ha iniciado una investigación. Que se profundice, que se presenten más elementos, que se ventile todo este asunto, sobre todo, insisto, el costo, porque era un jugoso negocio tanto de las empresas como de los funcionarios”.

Ante la postura de AMLO, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien sustituyó a Torreblanca Galindo en 2011 y se separó del cargo en octubre de 2014, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró el mismo miércoles 21 que durante su administración “jamás” contrató y tampoco autorizó la compra o contratación de sistema o equipo con fines de espionaje.

Ello a pesar de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), DARFT-“A1”/332/2015, fechado el 27 de noviembre de 2015, advirtió que el 4 de junio de 2014, el gobierno de Aguirre, a través de Víctor Hughes Alcocer, exsubsecretario de Administración, destinó de manera "irregular" 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp), para adquirir un “software interceptor de comunicación” mediante un contrato por adjudicación directa que benefició a la empresa Neolinx de México, S.A de C.V, propiedad del empresario Gilberto Enríquez, vinculado a la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes, informó la agencia de Proceso en abril de 2016.

Al respecto, Aguirre Rivero escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Durante mi gobierno, jamás contraté ni autoricé la compra o contratación de sistema o equipo alguno con fines de espionaje. Nunca se dispuso de ningún instrumento o aparato con estos fines ni en la Procuraduría General de Justicia del estado, o en cualquier otra dependencia del gobierno de Guerrero”, señaló.

Luego, afirmó que el exfiscal guerrerense Iñaky Blanco Cabrera “ha abordado lo suficiente sobre este tema” y dijo estar dispuesto a que se investigue el caso “y se vaya hasta las últimas consecuencias”.

“Pero exigimos también que de comprobarse que mi gobierno no hizo contratación alguna de esta tecnología, se nos deslinde públicamente de este penoso tema”, indicó Aguirre.

Luego, minimizó la información sobre la compra de “un equipo interceptar de comunicación” en junio de 2014 como lo señaló la ASF y dijo que se trata de “especulaciones que deben ser aclaradas o desechadas”.

“Por supuesto que soy el primero en pronunciarme a favor de que se abra una investigación al respecto y se deslinden responsabilidades, si es que las hubo”, expresó Aguirre y remató:

“Hoy una vez más se me coloca en un tema que evidentemente tiene el propósito de dañar mi imagen pública, como lo han hecho en otras ocasiones, pero como lo he dicho antes: la verdad siempre se impondrá sobre la mentira. Ya basta de tanta infamia”, concluyó.