CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Perder el Estado de México no era opción. A pesar de su imagen desgastada por los repetidos escándalos de corrupción del sexenio, y ante la perspectiva cada vez más nítida de una derrota electoral en 2018, el presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos no estaban dispuestos a dejar que el bastión histórico del PRI, región donde nació el Grupo Atlacomulco al que pertenecía Peña Nieto y su clan, cayera en manos de sus rivales políticos.

El PRI y el gobierno federal desplegaron todas sus herramientas para asegurar el triunfo del priista Alfredo Del Mazo Maza, primo del mandatario, hijo y nieto de exgobernadores de la entidad, y convirtió la campaña en una elección de Estado.

Previo a los comicios, Peña Nieto envió a integrantes de su gabinete casi a diario a la entidad con la encomienda de hacer proselitismo para su gobierno. En más de 90 visitas públicas a municipios mexiquenses, los secretarios encabezaron acciones de propaganda: distribuyeron tarjetas de prepago, costales de fertilizantes, uniformes escolares, viviendas sociales o títulos de propiedad, y externaron promesas de construir nuevos hospitales y escuelas, con un incremento de 12% a los gastos federales de infraestructura social para ese año.

Del Mazo, por su parte, entregaba en eventos multitudinarios las famosas tarjetas de “Salario Rosa” a mujeres de escasos recursos, con promesas de que se llenarían de dinero cuando se ganen las elecciones, mientras que las alcaldías priistas de 82 municipios colocaban pavimentación nueva, y el PRI movilizaba sus estructuras de compra de voto en las ciudades y las localidades campesinas.

El proceso electoral estuvo salpicado por acusaciones de compras de voto y acciones ilegales de campaña, las cuales no procedieron, bloqueadas por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), alineado con el PRI. 

Ahora, se puede agregar un elemento adicional: el proceso estuvo vigilado de cerca por una agencia federal que parece ser el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entonces dirigida por Eugenio Imaz Gispert, un incondicional de Miguel Ángel Osorio Chong, quien era secretario de Gobernación.

Desde un par de meses antes del arranque de las campañas y hasta pocos días después de la votación del 4 de junio, esa agencia seleccionó en su plataforma del spyware Pegasus los números telefónicos de Delfina Gómez Álvarez, Juan Zepeda Hernández y Josefina Vázquez Mota, respectivos candidatos de Morena, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), y de sus círculos familiares y políticos.

Y no solo esto: la misma agencia también ingresó en varias ocasiones en su plataforma Pegasus un número de teléfono que usaba entonces el propio Del Mazo. El número fue confirmado por el equipo del gobernador, quien no quiso ofrecer un comentario al respecto.

Estos números aparecieron entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group, que consultó Proceso en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes –SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería-- y correos; también capta la geolocalización, permite consultar el historial, vigilar la geolocalización en cualquier momento, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.

Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques, y que éstas instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. Los más de 15 mil registros que corresponden a México fueron capturados entre 2016 y 2017, años en los cuales se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico, para concretar la instalación de Pegasus.

En días pasados, Proceso y los demás medios que participaron en el Pegasus Project revelaron que el gobierno de Peña Nieto utilizó el spyware de NSO Group para espiar de manera masiva a al menos 25 periodistas –seis de ellos laboraban en esta revista en ese momento y uno, Cecilio Pineda, fue asesinado cerca de un mes después de la selección--, defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes graves –dos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa--, sindicalistas o sacerdotes.

Los datos también indican que las agencias gubernamentales acecharon a actores políticos de primer nivel, incluyendo más de 50 integrantes del entorno íntimo de Andrés Manuel López Obrador –hasta su cardiólogo-- y los cuadros de Morenas, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, los presidentes nacionales del PRD e incluso algunos priistas claves para su gobierno, como Emilio Gamboa Patrón.

En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores; algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.

En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el senador Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación era, por ende, responsable del Cisen, negó categórica y reiteradamente los hallazgos de esta investigación; afirmó que durante su gestión “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren”; también afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.

Espionaje aliado

Aunque todos los contendientes a la gubernatura del Estado de México fueron ingresados en la plataforma de Pegasus de la agencia federal, sorprende que el primer círculo de Del Mazo fuera blanco de espionaje del gobierno federal, pues aparte de ser primo del mandatario, familiar de su padrino político Arturo Montiel, fue alto funcionario –director de Banobras-- en el mismo sexenio.

La sorpresa incluso permea entre el equipo de comunicación del ahora gobernador, cuando confirma que Del Mazo utilizaba el número que aparece entre los 15 mil registros telefónicos mexicanos.

De hecho, la agencia –que parece ser el Cisen-- no solo ingresó el número de Del Mazo, sino de todo su Estado Mayor de campaña. En cuestión de semanas, ingresó los números de Adrián Del Mazo Maza, su hermano, de Enrique Jacob Rocha, su excoordinador de campaña --quien pasó a la jefatura de su Oficina--, y de Ernesto Nemer Álvarez, quien el 20 de marzo de 2017 sustituyó a Rocha en la coordinación de la campaña.

Nemer también había sido funcionario en la administración de Peña Nieto, del que era incondicional, pues era también integrante del Grupo Atlacomulco y había sido coordinador de su campaña al gobierno del Estado de México, en 2005; en la administración mexiquense, fungió como secretario de Desarrollo Social.

En los primeros años del sexenio, se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Rosario Robles Berlanga, donde fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano, cargo desde el cual reportaba a Peña Nieto sobre las operaciones de la dependencia y su titular; posteriormente, fue nombrado al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y es ahora secretario de Gobierno de Del Mazo. Su esposa, la priista Carolina Monroy Del Mazo, prima del gobernador mexiquense.

La agencia también ingresó el número de Erasto Martínez Rojas, vicecoordinador general de la campaña, así como varios cuadros del PRI, como Jorge Carlos Ramírez Marín, delegado especial de estrategia electoral del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, o el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, delegado del CEN en el Estado de México.

En la lista aparecen Raymundo Balboa, ahora jefe de Oficina de Del Mazo y Elías Rescala Jiménez, subsecretario de Estado; así como los datos de Eruviel Ávila Villegas y José Manzur Quiroga, respectivos gobernador y secretario de Gobierno, quiénes fueron acusados por los rivales de Del Mazo de desviar recursos para la campaña y permitir la consumación de una operación electoral para el candidato priista.

Acecho a Morena

Para el PRI, la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez, ahora secretaria de Educación Pública, era la rival más fuerte de Del Mazo. La mujer gozaba de la ola de simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador,  el entonces líder de Morena, y del repudio hacia Peña Nieto, que se sentía hasta en su bastión político.

De hecho, Gómez llegó al segundo lugar de la votación, a apenas tres puntos de Del Mazo, quien captó el menor número de votos para el PRI en una elección a gobernador del Estado de México en 24 años, y perdió en ciudades claves como Ecatepec, Tlanepantla y Naucalpan; sin el voto fragmentado y la candidatura de Juan Zepeda, es probable que el priista no hubiera ganado.

El número de Gómez fue ingresado en la plataforma Pegasus junto con los de las piezas clave de su equipo de campaña, encabezado por José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador y entonces delegado de Morena en la entidad, así como Horacio Duarte Olivares, ahora a cargo a de las Adunas en una nueva unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y sus personas cercanas, como su vocera Nayeli Castillo.

En la plataforma Pegasus de la agencia que parece ser el Cisen, López Beltrán y Castillo fueron seleccionados prácticamente al mismo momento; tiempo después, el número de Delfina Gómez fue ingresado, junto con el de Mario Delgado Carrillo –vocero de la campaña--, de Azucena Cisneros, así como América Rivera Tavizon –coordinadora de la estructura electoral, quien un mes antes había declinado a lanzar su candidatura para la gubernatura--, Ricardo Moreno Bastida, representante ante el IEEM, y Armando Barriguete Meléndez, coordinador del plan de gobierno.

Aparte, si bien no se identificó el número de teléfono de Higinio Martínez Miranda, el cacique de Morena (antes PRD) en Texcoco y mentor de Gómez, aparecen algunos de sus cercanos, como Victoria Anaya.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, conoce bien el tema de las elecciones en el Estado de México, entidad que buscó gobernar en dos ocasiones. Después de la campaña de 2017, denunció públicamente que se trató de una campaña fraudulenta, y una elección de Estado.

“Estaban todos los operativos de compra de voto, una operación fraudulenta. Este, por supuesto, sigue moviéndose mucho de las prácticas tradicionales del PRI mexiquense, que es un PRI muy especial, muy especial. Siguen haciendo ese tipo de prácticas. Hay que ver el resultado de esta elección, no hay que ver solo el 2017. Esto es un control corporativo muy fuerte, sigue presente. y ahora lo hace con el PAN y el PRD” dice el político en una entrevista realizada en el marco de esta investigación internacional.

El candidato del PRD, Juan Zepeda Hernández, originario del bastión perredista de Ciudad Nezahualcóyotl, también fue blanco de espionaje por parte de la agencia que parece ser el Cisen, junto con su equipo de campaña, particularmente su Héctor Bautista López –otrora alcalde de Ciudad Neza y senador--, así como su jefe de campaña, Luis Sánchez o Juan Hugo de la Rosa, quien también fue alcalde del municipio.

“Adicción”

Durante la campaña para el Estado de México, la actividad de la agencia de inteligencia clienta de NSO estuvo particularmente intensa contra Vázquez Mota, quien compitió a la presidencia de la República por el PAN en 2012: por lo menos su esposo –Sergio Ocampo Muñoz--, su hija María José Ocampo –quien asumió un papel protagónico en la campaña--, su yerno Rodrigo Mena Zuzuarregui y tres hermanos fueron ingresados en el sistema de Pegasus durante los primeros tres meses de 2017. 

Días después, el 31 de marzo de 2017 –a unos días del arranque de las campañas--, el diario El Universal publicó un reportaje sobre una denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en 2015 ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la cual señalaba que empresas y familiares de la panista habían lavado más de 400 millones de pesos de origen ilícito en 2012 y 2013. En el texto publicado en el periódico, se enunciaban los nombres de Arnulfo Vázquez Cano, el padre de la excandidata, y cinco hermanos.

Vázquez Mota, quien había entendido los errores de su campaña de 2012 –entre otros la traición del grupo de Felipe Calderón Hinojosa, que apoyó tras bambalinas a Peña Nieto--, y decidió agarrar un tono duro en el arranque de su campaña: lo hizo en Atlacomulco, bastión de Peña Nieto, donde se pronunció contra “la camarilla que ha vivido de intereses, de corrupción y que piensa que todo el país les pertenece”.

No fue sino hasta el 20 de mayo siguiente –dos semanas antes de las elecciones-- que la PGR indicó, en un boletín, que no estaba llevando ninguna investigación contra familiares de Vázquez Mota.

En las semanas anteriores, la agencia de inteligencia seleccionó en su plataforma Pegasus los números de Víctor Hugo Sondón, su coordinador de campaña, Enrique Vargas Del Villar, entonces alcalde de Huixquilucan y Juan Carlos Núñez Armas, exalcalde de Toluca.

Vázquez Mota sostiene que fue espiada, pero en 2012 y por su propio partido, el PAN, bajo la administración de Calderón. El 26 de marzo de ese año, en plena campaña presidencial, un audio fue difundido por el portal La Silla Rota, en el que se oía a Vázquez Mota quejarse con el diputado federal Agustín Torres Ibarrola, coordinador de redes sociales de la campaña panista, de que Genaro García Luna espiaba sus comunicaciones y que Alejandra Sota, entonces vocera de Calderón, “filtraba” los audios a la prensa.

Dos meses antes, otro audio filtrado a la prensa revelaba cómo Vázquez Mota se refería al panista Ernesto Cordero como un “patán” y expresaba su molestia hacia Gustavo Madero –entonces presidente nacional del PAN--, horas antes del último debate para definir la candidatura panista a las elecciones de 2012.

"Después de estas experiencias y de que se hicieron públicas llamadas telefónicas de otros políticos, otras personas, pues todo el mundo prendió las alertas y todo el mundo dimos por hecho que estábamos intervenidos”, recuerda la mujer en una entrevista concedida en el marco de esta investigación.

Vázquez Mota asevera que, después de 2012, no tuvo ninguna adicional de que alguien haya intervenido sus comunicaciones. “Desconozco si lo siguen haciendo o dejaron de hacerlo, pero no tengo fuera de esta grabación, en mi caso, alguna otra evidencia. No sé si alguien más tenga sus proprias evidencias”, dice.

De manera general, recalca que “hoy en México todavía es muy común que, cuando uno entra a una reunión donde se van a tratar temas que tienen cierto grado de riesgo, hay una caja afuera de las oficinas para dejar los celulares. Ello significa que todo el mundo da por hecho que puede estarse grabando en este momento o sea, ya ni siquiera se cuestiona (…) se ha vuelto parte, desafortunadamente, de un cotidiano, me parece grandísimo, es totalmente ilegal pero sucede, y tengo entendido que estos espionajes se volvieron casi una adicción para ciertos políticos”.

Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso),  Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.