CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Con tal de saber todo sobre Andrés Manuel López Obrador, el aspirante más sólido a la Presidencia de la República de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto desplegó su aparato de espionaje masivo hasta el corazón del líder de Morena. Literalmente.

Además de los hijos, la esposa, los hermanos, los amigos y los operadores políticos más cercanos de López Obrador, el gobierno de Peña Nieto ingresó en su plataforma del malware espía Pegasus el número de teléfono de Patricio Heriberto Ortiz Fernández, el cardiólogo que operó al tabasqueño del infarto agudo al corazón que sufrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2013, el cual estuvo a punto de restarle la vida.

En el set de Televisa donde se grabó el noticiero Despierta del 8 de diciembre de 2016, Carlos Loret de Mola preguntó a López Obrador, con un tono grave: “¿Cómo está su salud?” El político, quien en febrero de 2015 había oficializado su candidatura a la elección presidencial de 2018, le contestó que se sentía bien, a pesar del “infarto fuerte” que le dio en la arteria que los médicos conocen como “la dejaviudas”.

“¿Tiene salud para ser presidente de México?”, insistió Loret de Mola. López Obrador contestó que sí, y después de un par de interacciones adicionales terminó la conversación sobre su salud; la entrevista continuó su curso hacia otro tema.

Menos de dos meses más tarde, agentes del gobierno de Peña Nieto trataron de intervenir el celular del cardiólogo de López Obrador. A un año y medio de las elecciones, el corazón del tabasqueño, al igual que toda su vida privada y de cualquier elemento que podía filtrarse a la prensa para dañarlo, se había convertido en un interés político. 

“Me queda claro que (el gobierno previo) buscó toda la información sobre la salud del presidente, a través del hospital, a través de mí; pero no tuvieron nada más que lo que se sacó públicamente”, dice el cardiólogo en entrevista para esta investigación. “El único objetivo de espiarme era el candidato, yo era una herramienta (…) desafortunadamente no estoy sorprendido”, abunda.

Más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por clientes de NSO Group en sus plataformas Pegasus, los cuales fueron revisados por 80 periodistas de 17 medios en 10 países en el marco de la investigación periodística internacional Pegasus Project –entre ellos Proceso--, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, muestran que, de los cientos de opositores políticos que el gobierno de Peña Nieto trató de espiar entre 2016 y 2017, ninguno lo fue tanto como López Obrador.

En aquel tiempo, el tabasqueño prácticamente no usaba celulares; y cuando lo hacía, utilizaba los dispositivos de su particular Laura González Nieto –ahora jefa de área de Presidencia, la que López Obrador sigue llamando “Laurita”--, o de su operador César Yáñez Centeno, al que decía entonces “mi hermano”, los cuales fueron seleccionados en plataformas  Pegasus del gobierno mexicano.

Y no fueron los únicos: agencias gubernamentales también seleccionaron los números de aliados que han seguido a López Obrador desde hace más de una década y media, hasta su ascenso hacia la Presidencia, entre ellos: Julio Scherer Ibarra; Gabriel García Hernández, el arquitecto de la estructura electoral de Morena; Horacio Duarte Olivares, representante del partido ante el INE; Alejandro Esquer Verdugo, secretario de Finanzas; Jesús Ramírez Cuevas, su vocero; así como el magnate Alfonso Romo Garza, quien fungía como enlace con la cúpula del sector empresarial. 

Varias de las personas cercanas a López Obrador que fueron seleccionadas en plataformas de Pegasus están hoy en el gabinete o en la estructura política de la llamada Cuarta Transformación:  Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su pareja Julia Abdalá; Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública (SEP), Alfonso Durazo Montaño, ahora gobernador de Sonora; el senador Ricardo Monreal Ávila; el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez o el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti.

También fueron acechados Claudia Sheinbaum Pardo –ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México--, los esposos Bertha Elena Luján Uranga y Arturo Alcalde Justiniane, Bernardo Bátiz, Layda Sansores, algunos políticos de Tabasco –su estado natal--, el entonces senador, el académico John Ackerman, la pareja Dolores Padierna - René Bejarano, así como integrantes del círculo de Ebrard, como Mario Delgado Carrillo –actual presidente nacional de Morena-- o su esposa, Rosalinda Bueso, cuyos números fueron detectados entre más de 15 mil registros telefónicos mexicanos seleccionados en un sistema de NSO entre el verano de 2016 y finales de 2017.

Hasta el entonces diputado capitalino Luciano Tlacomulco Oliva, quien fuera entrenador del equipo de beisbol “Amigos”, en el que jugaba el ahora mandatario, fue blanco de Pegasus.

“Yo creo que todos en el entorno del licenciado López Obrador hemos tenido la seguridad de que eramos intervenidos”, dice Scherer a Proceso, en el marco de esta investigación. El ahora Consejero Jurídico de la Presidencia recuerda que su familia –y su padre, Julio Scherer García, fundador de este semanario-- “siempre ha sido sometida a este tipo de acoso por del gobierno”, y refrenda que la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial es un delito castigado por el artículo 177 del Código Penal Federal –de 6 hasta 12 años de prisión--.

“Siempre tuve la idea que el antiguo régimen nos vigilaba o espiaba con fines políticos; era una práctica persecutoria de espionaje político que usaba el antiguo régimen”, opina Sheinbaum en reacción a esta investigación, y agrega que, en la administración capitalina actual, “no hay equipos tan sofisticados pero se solicitan escuchas legales a través de jueces para la detención de delincuentes, por parte de la Fiscalía”.

Rocío Nahle se indigna que no solo aparezca su número, sino también él de su hija. “Como coordinadora de los diputados de la primera legislatura de Morena, sabía que estaba en el ojo del gobierno, lo inadmisible es que también a mi hija, que está ajena a cualquier evento política, estuvieran siguiendo sus movimientos y conversaciones”.

Aparte del tabasqueño y de militantes de su partido, el gobierno de Peña Nieto también mandó espiar a más 700 políticos mexicanos, la mayoría de ellos militantes de partidos rivales del PRI, desde los más relevantes a nivel nacional hasta diputados locales, así como un sinnúmero de particulares, familiares y cercanos.

En los datos aparecen integrantes de la cúpula del PAN –la otrora pareja presidencial Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala  Gómez del Campo, los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya, entre muchos--; los líderes de los restos del PRD –Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano Grijalva, Carlos Navarrete, Beatriz Mojica Morga y Alejandra Barrales--, y al menos 29 de los 32 gobernadores que  estaban en función en aquel entonces.

Aparte de los cuestionamientos legales, el espionaje político implicó el uso de enormes recursos públicos para fines particulares. Tan solo del escaso número de contratos que la prensa ha dado a conocer desde 2012, se sabe que el Estado mexicano ha gastado más de 6 mil 405 millones de pesos y 33 millones 129 mil dólares en Pegasus. Sin embargo, el costo total fue sin duda muchísimo mayor, pues la PGR, el Cisen y la Sedena –especialmente estos dos-- nunca han querido transparentar los contratos, cuyos montos rebasan fácilmente los 100 millones de pesos  por unos meses de uso de Pegasus.

Varias fuentes que han operado el programa en el gobierno, sostienen que se necesitan agentes especializados y horas de trabajo para detectar los datos valiosos, y separarlos de la enorme cantidad de elementos inútiles que se encuentran entre los gigabytes de información extraída mediante Pegasus.

Una persona familiarizada con las operaciones de NSO, quien habló bajo la condición del anonimato porque platicó sobre temas sensibles, dice que la compañía terminó sus contratos con varios clientes de México hace por lo menos dos años; sin embargo, no quiere responder si todavía hay un cliente en el país.

Ayer, Proceso y los demás medios que participaron en el Pegasus Project revelaron que el gobierno de Peña Nieto también utilizó Pegasus para tratar de intervenir ilegalmente los celulares de por lo menos 25 periodistas –entre ellos al menos seis de este semanario-- y decenas de defensores de derechos humanos, así como abogados, religiosos, médicos o líderes sindicales.

Resulta imposible afirmar que todas las selecciones de números documentadas en esta investigación fueron seguidas por ataques, y que aquellos lograron instalar Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces –2016 y 2017--, la infección funcionaba cuando la víctima apretaba un vínculo malicioso enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.

Ente no identificado

En la época en que el gobierno de Peña Nieto intensificó el espionaje en su contra, López Obrador estaba campante: a medida que brotaban los escándalos en la administración federal y en los gobiernos de los Estados, que empeoraba la desigualdad y que se agravaba la inseguridad, su discurso de justicia social, junto con sus promesas de terminar con la corrupción y la “mafia del poder” ganaban más fuerza.

En el mismo momento, su partido, Morena reforzaba sus bases electorales, a través de sus militantes y mediante alianzas con iglesias evangelistas, maestros y empresarios. En el gobierno de Peña Nieto, se tomaban ya en serio el refrán de López Obrador, quien repetía que su tercera campaña presidencial sería la vencida.

Agentes del gobierno de Peña Nieto siguieron, desde la intimidad de sus aliados más cercanos, el ascenso imparable del tabasqueño. Una vez lograda la infección del celular del objetivo con Pegasus, el cliente puede acceder a prácticamente toda la memoria del aparato, incluyendo mensajes –SMS y Whatsapp-- y correos; también capta la geolocalización, permite consultar las sábanas de llamadas telefónicas y escuchar las llamadas, y puede tomar el control del micrófono y la cámara cuando lo desee.

Fuentes consultadas y datos telefónicos revisados por los medios participantes al Pegasus Project --a los que tuvieron acceso en un primer momento Forbidden Stories y Amnistía Internacional--, apuntan a que la mayor parte de los ataques con Pegasus contra el primer círculo de López Obrador venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que junto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era uno de los tres clientes oficiales de NSO Group; otros ataques vinieron de un cuarto ente no identificado, dedicado exclusivamente al espionaje político.

En aquel entonces, el Cisen era dirigido por Eugenio Imaz Gispert, quien a su vez dependía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y respondía en última instancia a las instrucciones de Peña Nieto; fuentes consultadas en el marco de esta investigación coinciden en que el Cisen y la Sedena --a diferencia de la PGR-- utilizaban Pegasus sin pedirle al Poder Judicial una autorización, lo cual abrió en grande la puerta a los abusos y a su uso político.

En mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017, año en que venció su licencia y estalló el escándalo conocido como “Gobierno Espía”, el cual reveló cómo el gobierno de Peña Nieto había usado el software para atacar los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición.

En el mismo comunicado, la SSPC aclaró que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –que sustituyó el Cisen-- ni la Guardia Nacional “cuentan con el servicio del sistema Pegasus”, ya que “el gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”.

Preguntado sobre el espionaje gubernamental, en noviembre de 2019, López Obrador minimizó la gravedad del asunto. El presidente, quien suele afirmar que “el que nada debe nada teme”, se limitó en subrayar que él fue espiado durante su carrera política, afirmó que su propio gobierno no utiliza estas tecnologías –bajo el argumento de que “no somos iguales”--, y refrendó las promesas de investigar la compra y el uso de Pegasus en el sexenio anterior.

En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto: sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores, algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.

El senador Osorio Chong, por su parte, respondió a una serie de preguntas. Negó categóricamente y reiteradamente que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren”; por ello, también afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.

Círculo íntimo

Entre mitades de 2016 y a lo largo de 2017, el Cisen seleccionó, entre sus objetivos de Pegasus, los números telefónicos de los hermanos Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, los tres hijos mayores de López Obrador, fruto de su primer matrimonio con Rocío Beltrán, y el número de celular de la académica Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa.

El 1o de junio de 2017, una cuenta de Youtube llamada “2012 Mx” publicó en el servicio de videos de Google una plática telefónica entre Andrés Manuel López Beltrán y Yeidckol Polevnsky intervenida de manera ilegal. La leyenda del video afirmaba que el hijo del mandatario y la política –entonces responsables de Morena y en la Ciudad de México y Secretaria General de Morena, respectivamente-- tramaban el uso ilegal de una empresa para justificar gastos fiscales del partido.

Polevsnky aseveró ese mismo día que la plática interceptada era vieja –de 2016--, y que el audio había sido editado para dar la impresión que conspiraban para concretar una operación ilícita, cuando en realidad se trataba de pagar un evento de cierre de campaña en Veracruz, y que el partido debía pasar por una empresa porque no podía recibir patrocinios.

Si bien la mujer señaló que todos los caminos “llevan a Veracruz” –insinuando que el gobierno local del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares podía estar detrás de la intervención ilegal--, tanto el hijo de López Obrador como ella fueron blancos de repetidos ataques de Pegasus lanzados desde agencias del gobierno de Peña Nieto.

López Obrador y su esposa han denunciado públicamente los ataques y acosos que sufrieron durante años. El primero de marzo de 2019, en comentario a la noticia de que el gobierno abriría los archivos de la oscura Dirección Federal de Seguridad (DFS) –la antecesora del Cisen--, Gutiérrez Müller declaró, desde su cuenta de Twitter: “Y ya que se termine el espionaje político que, por décadas, ha incluido a la familia... Un día les platicaré lo que he visto en estos años”.

En paralelo, fueron seleccionados en la plataforma de Pegasus los números telefónicos de Martín de Jesús, Pedro Arturo y Pío López Obrador, tres hermanos del mandatario. En la historia reciente, sus hermanos se convirtieron en una piedra en el zapato del mandatario: dos de ellos, –Pío y Martín-- han sido captados en videos grabadas de manera escondida mientras recibían dinero en efectivo de David León Romero, entonces operador político del exgobernador chiapaneco, Manuel Velasco.

Los opositores de AMLO han utilizado los videos de sus hermanos para atacar su discurso anticorrupción y debilitar al mandatario en momentos en que su gobierno emprendía acciones legales contra actores relevantes del sexenio pasado y de integrantes de partidos de oposición. Si bien no fueron producto de Pegasus, los materiales gráficos de sus hermanos también fueron operaciones de espionaje, por más cuestionables que sean las acciones grabadas.

Las claves de Morena

En septiembre de 2012, semanas después de perder las elecciones presidenciales ante Peña Nieto, López Obrador oficializó su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –partido del que fue presidente-- y constituyó en asociación civil su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del que era fundador y líder único. A lo largo de 2014, consiguió su registro como partido político nacional, y en el Congreso Nacional de noviembre de 2015 asumió su presidencia nacional, que ocupó hasta 2017.

En ese congreso, se nombraron a los personajes clave de la estructura de Morena: Gabriel García Hernández fue nombrado a la Secretaría de Organización –desde la cual recorrió todo el país durante años para nombrar y formar los cuadros de Morena, muchos de los cuales fungen ahora como funcionarios federales conocidos como “Servidores de la Nación”--; Alejandro Esquer Verdugo tomó las riendas de las Finanzas, César Yáñez llegó a Comunicación, Difusión y Propaganda, y Bertha Luján fue nombrada presidenta del Consejo Nacional.

Aquellos formaban parte del grupo de incondicionales de López Obrador, integrado por exintegrantes de su gabinete en el gobierno del extinto Distrito Federal -- como José Agustín Ortiz Pinchetti, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum o Bernardo Bátiz--, miembros de su “gabinete legítimo”, al que nombró en 2006 cuando se proclamó presidente legítimo de México y denunció un fraude electoral, o fundadores de Morena en su primera etapa, como Laura González Nieto, ahora jefa de unidad de Presidencia, o César Yáñez, uno de sus más fieles seguidores, al que el mandatario solía llamar “mi hermano”.

Desde sus respectivos cargos, todos estos personajes operaron durante los siguientes dos años para consolidar la imponente base de electoral de Morena, basada en los millones de simpatizantes de López Obrador, y tejió alianzas estratégicas con vistas a las elecciones presidenciales de 2018; para ello, jugaron papeles más activos Alfonso Romo Garza, Julio Scherer Ibarra, Delfina Gómez u Horacio Duarte Olivares, quien representó Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aquellas personas fueron esenciales en el largo camino de López Obrador hacia el triunfo electoral de 2018, en el que arrasó con la cifra histórica de 30 millones de votos; y todas fueron blancos de tentativas de espionaje por el gobierno de Peña Nieto.

“Si bien muchas veces era suposiciones, dudas que surgen de rumores, lo cierto es que se sabe que fue una práctica común de los gobiernos priistas y panistas, el “alambrear” a los opositores”, opina Luján en entrevista telefónica. “No me parece descabellado que nosotros hayamos estado en esta situación, sobre todo porque fuimos gente de oposición durante mucho tiempo, y nos dedicamos a cuestiones totalmente legales, pero inaceptables para un régimen como el del PRI y el PAN”, agrega.

Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dinchenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso),  Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.