TOLUCA, Méx. (apro).- Las comisiones unidas de dictamen de la Legislatura local aprobaron reformas para sancionar con entre 6 y 9 años de prisión -en el caso de servidores públicos-,  a quienes difundan o compartan imágenes de cualquier tipo, fotográficas o videograbadas, pero también audios, de víctimas de feminicidio o mujeres violentadas de cualquier forma, en el Estado de México.

Así, la llamada “Ley Ingrid”, aprobada en diversas partes de México tras la profusa difusión de imágenes del caso Ingrid Escamilla, asesinada en 2020, pasó su primer obstáculo y avanzó para convertirse en un amplio ordenamiento que impactará tanto servidores públicos, como a medios de comunicación, los cuales también podrán quedar sujetos a incurrir en un ilícito si difunden este tipo de imágenes que revictimizan a las mujeres.

El proyecto “Ley Ingrid” en Edomex es el resultado de la fusión de al menos tres iniciativas legislativas promovidas por las fracciones de Morena y el PRD, y enriquecido con la aportación de un consultor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Luis Francisco Fierro Sosa, para que estas nuevas sanciones se apliquen además cuando las imágenes que se compartan o filtren, estén relacionadas con una carpeta de investigación.

Liliana Gollas, diputada promovente de la iniciativa por parte del grupo parlamentario de Morena, anticipó el impacto que puede tener la “Ley Ingrid” en el Estado de México, pues busca, dijo, “prevenir la violencia mediática de género que nos inunda todos los días en las redes sociales y también en los medios gráficos”.

Agregó que en México “las mujeres enfrentan todos los días la violencia de género en sus tres modalidades y la baja respuesta muchas veces de las autoridades ejecutoras”, además de reconocer que la “Ley Ingrid” es un “testimonio de poder de los movimientos feministas” en México, pero también en la entidad mexiquense.

Advirtió que el proyecto penalizará de manera amplia la difusión de imágenes sangrientas relacionadas con hechos de violencia contra mujeres; en tanto que la diputada del PRD, Araceli Casasola, recordó que su propuesta, permite adicionar todos los implementos jurídicos para actuar contra servidores públicos del gobierno mexiquense, que difundan o filtren este tipo de imágenes.

“Lo que propone el PRD es solo adicionar la fracción 24 al artículo 353 del Código Penal, para sancionar a servidores públicos de la administración y procuración que difundan entreguen, publiquen, transmitan expongan, remitan, distribuyan videograben, audiograben fotografíen reproduzcan, comercialicen, intercambien o compartan imágenes audios videos e información muy reservada o documentos del lugar o de los hechos del hallazgo”, precisó la perredista.

A la iniciativa sumaron su aprobación legisladores y legisladoras del PAN y el PRI.

La “Ley Ingrid” en Edomex avanza a solo unos días de que en el Estado de México se cumpla el sexto aniversario de la implementación de la primera Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México, ante la violencia feminicida que se vive en la entidad y que no aminora.

También este año se cumple el primer aniversario de la segunda violencia de género por desaparición de mujeres, en siete municipios de Edomex.

Tan solo entre enero y mayo del presente año se han contabilizado 60 feminicidios y 90 homicidios dolosos de mujeres, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, mientras que el reporte más reciente de la Asociación Nacional de Refugios para Mujeres, indica que durante la inmovilización social provocada por la pandemia, los llamados de auxilio relacionados con violencia de género crecieron 80%.