CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las afirmaciones de Ildefonso Guajardo, de que existe una persecución política en su contra por la investigación que hay sobre las propiedades que compro en los últimos años.

La Fiscalía señalo que son falsas las afirmaciones que “el señor Ildefonso “G”, y su abogado” aduciendo que el asunto penal que ambos enfrentan señalando “huele a persecución política”.

En un comunicado, también califica de falso que no se les ha dado acceso a las pruebas.

Precisa que la denuncia de este asunto la presentó la Secretaría de la Función Pública Federal, ante la FGR, el 12 de octubre de 2020.

La FGR explica en su comunicado que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a

la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta correspondiente, dándosela a conocer al acusado desde el 8 de marzo del presente año, hace cuatro meses, otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas, lo cual se ha continuado, de manera permanente, hasta el día de la audiencia.

La FGR sostiene que la acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos, “cantidad que él afirma, que proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana”.

Según señala la Fiscalía, Ildefonso Guajardo dijo que entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen.

“Se reitera que, en este aspecto y en todas las pruebas, desde el 8 de marzo, se le ha dado acceso permanente a toda la indagatoria y, a su vez, se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF) fue la judicialización del caso”, afirma la FGR en su comunicado.

Puntualiza la dependencia a cargo del Alejandro Gertz Manero que en la audiencia ante el Juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente; y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado.

Advierte que si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular.