CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encargado de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, urgió al Estado mexicano a reconsiderar la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, inaugurada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera. 

Durante su participación en la audiencia solicitada por organizaciones de la sociedad civil: “Protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México”, en el contexto del 180 Periodo de Sesiones, Vaca consideró que ese ejercicio “debe reconsiderarse, en la medida en que puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado”.
    
En la audiencia virtual, en la que participó el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas como representante del Estado mexicano, el relator especial puso en duda que la sección dirigida por Elizabeth García Vilchis se apegue a estándares internacionales de derechos humanos, al advertir que el ejercicio plantea “el señalamiento público”, mismo que “no puede trazarse bajo la culpabilidad o reprendimiento, tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”.
 
Añadió: “Yo sí quisiera invitarlas a todas y a todos a ponernos en el lugar de una persona que es señalada por lo que ha dicho, con nombre y apellido, con una posición crítica, como el Pinocho de la semana (…) y esto qué impacto puede tener en su libertad de expresión futura, en las condiciones para expresarse en asuntos de interés público”.

Al resaltar la importancia que el gobierno de López Obrador da a las conferencias mañaneras en su estrategia de comunicación, Vaca manifestó que la decisión de exhibir a quienes el gobierno federal considera que mienten, “es central porque no estamos hablando de un espacio más, estamos hablando de un espacio oficial, de un espacio que está revestido de la máxima autoridad del Estado”.

El encargado de la RELE en la CIDH recordó la responsabilidad del Estado de garantizar la libertad de expresión “de quienes coinciden o tienen identidad con el gobierno, pero también, sobre todo, de aquellas personas que tienen opiniones divergentes”.

Sobre la estigmatización de defensores y periodistas durante las conferencias mañaneras, recordó que los estándares internacionales han definido que “la estigmatización puede ser permisiva o generar un ambiente permisivo a que ocurran agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas”.  

Tras recordar que el Instituto Pointer ha definido “estándares verificadores” de noticias, Pedro Vaca preguntó si en el gobierno de López Obrador “se conocen los principios bajo los cuales se certifica a los chequeadores y si pudiera comentarnos cuáles de estos principios o requisitos cumple el ‘Quién es quién’ de las mañaneras”.

Y preguntó: “¿Qué se tiene previsto desde el Estado en el caso de alguna equivocación? ¿Si se señala que un medio no contrastó y se le cuestiona de cierta manera por faltar a un principio periodístico y esto no resulta cierto?”. 

Esos cuestionamientos no tuvieron respuesta del vocero presidencial, quien dedicó el mayor tiempo de su participación a referirse a las administraciones que antecedieron a la Cuarta Transformación, y sustuvo que durante el gobierno de López Obrador no se han emitido órdenes para despedir a comunicadores, censurar u ordenar agresiones directas. 

Durante la audiencia, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque, reconoció que en la actual administración han sido asesinados 41 periodistas y 60 defensores de derechos humanos, y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas tiene un registro de mil 424 beneficiarios, más de 78% de los que tenía al inició de la administración, que eran 798. 

El funcionario reconoció el recorte presupuestal al Mecanismo, al señalar que en los dos primeros años de gobierno contó con 783 millones de pesos, y para este año cuenta con 227 millones, y dijo que se solicitó a la Secretaría de Hacienda la ampliación de más de 187 millones de pesos. 

En la audiencia, que fue presidida por la comisionada Julissa Mantilla, participaron miembros de la sociedad civil, entre ellos el representante del Comité de Protección de Periodistas  (CPJ), Jan Albert Hootsen, quien alertó sobre la “constante y creciente estigmatización contra la prensa y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, por parte de autoridades de distintos órdenes de gobierno que “han callado frente a los 20 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones durante el actual sexenio”, y los 45 activistas reportados por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, recordó que en su último informe la organización que representa identificó 492 agresiones a periodistas y medios de información, y sólo en junio de este año habían sumado 74. 

Lucía Lagunes, del Centro de Información de la Mujer (CIMAC), indicó que en los tres años del gobierno de López Obrador se han contabilizado 558 agresiones contra mujeres periodistas, lo que representa un incremento de 186% con respeto a los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Tras presentar un video con expresiones de López Obrador en las mañaneras, en las que hace señalamientos contra periodistas y defensores, así como de gobernadores de Baja California, Jalisco, Nuevo León, Puebla, entre otros políticos, con expresiones de desprecio a reporteros, el director de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís, indicó que el año pasado fueron asesinados 18 defensores ambientales, y en los primeros seis meses de este año se habían registrado 13 víctimas mortales más. 

A su vez, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, apuntó que México ha sido reconocido por relatorías de la ONU como una de las naciones “más peligrosas para personas defensoras y periodistas”, y persiste una preocupación por las violaciones a derechos humanos, entre ellos el de asociación. 

Resaltó que la situación es de suma preocupación cuando a la “impunidad en la que se encuentran los crímenes y los ataques” a personas defensoras y periodistas se suman “las declaraciones estigmatizantes emitidas por funcionarios y la represión de manifestantes, de manera particular las de mujeres, defensoras comunitarias, buscadoras de desaparecidos y defensores del medioambiente”.

Al término de la audiencia, la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) pidió a la CIDH que solicité al Estado mexicano que el presidente López Obrador reconozca a los periodistas y a los miembros de la sociedad civil como agentes que trabajan “para el fortalecimiento de la democracia”.

Entre las peticiones están el cese de las “narrativas estigmatizantes” y el acoso judicial, el fortalecimiento del Mecanismo con más personal, contar con una política de género e interseccional para combatir la violencia de periodistas, que la CIDH y la RELE proporcionen al gobierno de López Obrador un “decálogo de estándares internacionales para evitar una comunicación estigmatizante”, y mantenerse al tanto de la seguridad de los participantes en la audiencia.