CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil denunciaron la militarización de la política migratoria en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como la continuación de las prácticas de “push back”, o de devolución “en caliente” y sistemática de personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas.

“Desde la sociedad civil hemos documentado que (las fuerzas armadas) participan de manera activa en las operaciones de disuasión, represión y detención de las personas migrantes”, lamentó Alejandra Elizalde Trinidad, de Formación y Capacitación (Foca), quien recalcó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) en los operativos para detener a personas migrantes.

Sensible a los argumentos de las activistas que presentaron hoy las irregularidades, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para México, preguntó: “Las instituciones del Estado mexicano, ¿Están siendo investigadas? ¿Hay registros de estas violaciones de estos derechos a este grupo de personas migrantes que viven deportación, no me gusta, devolución en caliente?”.

E insistió: “Si esto no se hace de la manera que debe hacerse, cumpliendo los protocolos, con las medidas de regulación que el Estado tiene que tener. ¿Esto está siendo investigado? ¿Tiene el Estado mexicano una identificación de esta situación?”.

La académica Margarita Núñez Chaim, integrante del Laboratorio de Investigación Social Justicia en Movimiento AC, aseveró por su parte que 18 de los 32 delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) en los Estados son militares, y que el despliegue de fuerzas armadas detonó el número de casos de uso excesivo de la fuerza contra migrantes, como sucedió en enero de 2020, cuando personas que pretendían entrar a México fueron reprimidos con piedras y toletes por parte de agentes del INM y de la Guardia Nacional.

La activista Yuriria Salvador Hernández describió por su parte las prácticas de “devolución en caliente” que realizan el INM y los soldados, y recalcó que los agentes del INM se niegan de manera sistemática en aceptar las solicitudes de refugio de las personas, en violación con las leyes de México, situación que “se agudizó con la pandemia de covid-19”, pues en marzo de 2021 el gobierno mexicano anunció el cierre de su frontera con Guatemala a viajes no esenciales.

“Al margen de la ley, el INM incluso promueve el cruce informal, ya sea de manera directa o a través de agentes de seguridad privada, lo que expone las personas a redes de delincuencia común y organizada”, añadió.

Ana Lilia Amezcua Ferrer, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección a los Derechos Humanos (CMDPDH), deploró que la práctica de rechazar el asilo es común también para quienes llegan a México por vía aérea; en aquellos casos, el INM suele llevar las personas en celdas incomunicadas, con luz artificial, donde les sugieren –a veces con amenazas-- que cambien su idea.

Los representantes del gobierno mexicano quienes participaron a la sesión de la CIDH defendieron el balance del sexenio de López Obrador en materia de acogida de refugiados; negaron que las fuerzas armadas participen en las tareas migratorias y afirmaron que la administración respeta los derechos humanos de las personas migrantes.

Felipe Vargas Carrasco, del Jesuit Refugee Service, reviró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tiene un presupuesto irrisorio de 56 millones de pesos para atender a la cantidad de solicitudes de refugio, en comparación con los más de mil 100 millones de pesos del INM, y con los miles de soldados de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.