CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, someterá a una consulta extraordinaria el artículo 13 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía su mandato al frente de ese poder hasta el 30 de noviembre del 2024, con el fin de que se revise la constitucionalidad de la citada reforma.

El ministro Zaldívar reconoció que el artículo que extiende su mandato como titular de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo rector de jueces y magistrados federales, generó “un ambiente de desconfianza” que pone en entredicho la labor cotidiana de la impartición de justicia y que además “siembra dudas” sobre la independencia judicial y la división de poderes.

El ministro Zaldívar agregó que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma judicial permitirá someter a consulta el tema de la ampliación de mandato, ya que con esto termina el proceso legislativo.

“Por respeto a los tiempos y cauces institucionales, desde un inicio me manifesté por dar lugar a la culminación del proceso legislativo. Una vez que ha sido publicada y que ha entrado en vigor la reforma, a fin de no prolongar una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal, se hace necesario buscar una salida inmediata que permita retomar el foco en la implementación de la reforma”, señala el comunicado de la reforma judicial.

La consulta extraordinaria, prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es un mecanismo al que apelaron otros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para abordar la ampliación del mandato de Zaldívar desde que el artículo transitorio se aprobó en el Senado de la República.

“Por ello, con fundamento en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dadas las circunstancias apremiantes del caso, presentaré al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo Décimo Tercero transitorio”, explicó Zaldívar en su comunicado.

Proceso publicó en abril pasado que algunos ministros de la Suprema Corte habían planteado - en privado - analizar la posibilidad de someter a una consulta extraordinaria el artículo transitorio de la reforma judicial que ha provocado preocupación al interior del Poder Judicial, por lo que incluso la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federal (JUFED) solicitó al Pleno del máximo tribunal declarar su inconstitucionalidad.

Precedente

El precedente más cercano se remite al año 2000, cuando el entonces ministro Genaro Góngora Pimentel presentó una petición de consulta extraordinaria para someter a votación si una reforma aprobada en la Cámara de Diputados para que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), organismo de la Judicatura encargado de evitar las “quiebras”, fuera obligado a presentar sus informes anuales ante el Poder Legislativo.

La consulta extraordinaria fue revisada por el Pleno de la Corte el 25 de septiembre del 2000, fecha en la que se aprobó la sentencia del Expediente Varios 698/2000-PL, mediante la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles que obligaba al IFECOM a rendir informes ante el Pleno de los Diputados Federales.

El artículo 97 constitucional establece de forma textual que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

La redacción de ese artículo constitucional además de prohibir la reelección del titular de la Corte, tampoco prevé que se pueda extender o prorrogar su mandato al frente del Máximo Tribunal. Sin embargo, el Congreso de la Unión decidió aprobar el artículo transitorio que hoy es impugnado, por lo que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, finalmente aceptó que se someta a consulta del Pleno, destacando que tras la citada reforma se ha provocado un clima de desconfianza que es injusto para el Poder Judicial”.

“En el debate legislativo se incluyó un artículo transitorio que prorroga, entre otros, el ejercicio de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Éste ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”, puntualizó en su comunicado.

Finalmente, aclaró que “en una democracia constitucional” como la mexicana, los conflictos entre poderes “se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa” que, en este caso, corresponden a la propia Corte para que los ministros hagan valer su facultad de interpretar las leyes, acorde a las circunstancias, “de manera que se maximicen las posibilidades de control constitucional”.

“Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente que estará a la altura de esa responsabilidad”, concluye en su misiva.