CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) negó “categóricamente” que la mina ubicada en Coahuila donde se reporta un trabajador fallecido y otros siete atrapados le provea de carbón.

En consecuencia, informó mediante un comunicado de prensa, “era imposible que su director (Manuel Bartlett Díaz) estuviera enterado del estado de la mina”.

Sin embargo, a decir de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), “la mina pertenece a otras cuevas colindantes del mismo dueño que tiene el contrato CFE-0700-ADAAN-006-2020”. Luego, especifica a Manuel Bartlett que la cueva siniestrada surtía ese contrato y por eso le entregaron información sobre el estado de la mina.

El viernes 4, ocho trabajadores (y no siete como se reportó en un principio) quedaron atrapados en el yacimiento irregular inundado ayer en Rancherías, municipio de Múzquiz, ubicado al norte de Coahuila.

Este sábado, la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNCP) informó en un mensaje difundido por Twitter que “equipos que laboran en la búsqueda y rescate de los trabajadores atrapados en la #mina #Micarán en #Múzquiz, #Coahuila, han localizado desafortunadamente el cuerpo de una persona sin vida, el cual ya ha sido recuperado”.

Proceso informó ayer que la última semana de octubre, Bartlett Díaz, visitó lo que fue la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, en San Juan de Sabinas, Coahuila, integrantes de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) le entregaron una carta en mano, con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la explotación de la carbonera colapsada el viernes.

La entrega de la misiva en la que se denunciaron las condiciones de inseguridad y la solicitud a Bartlett de una reunión para exponer el caso fueron confirmadas ayer por Cristina Auerbach Benavides, coordinadora de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), dedicada a la defensa de derechos humanos laborales especializada en trabajadores de carbón que agrupa a sobrevivientes y familiares de mineros fallecidos en operaciones inseguras.

La carta, cuya copia tiene Proceso, fue dirigida el 23 de octubre al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, membretada por la OFPC y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, ambas litigantes ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Pasta de Conchos.

La misiva inicia presentando su papel ante la CIDH y destacando la voluntad política expresada por el presidente López Obrador respecto al caso Pasta de Conchos, motivo de la presencia de ambos en la zona. Pero en el tercer párrafo, el documento establece:

“Adicionalmente (…) hay otro tema urgente, el cual constituye además una obligación del gobierno para con todos los mineros: la no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón”.

La carta establece a continuación que, en más de una década, han dado seguimiento a casos y en su parte relacionada con la mina que se inundó hoy, advierte:

“Como muestra de lo anterior, con esta carta le entregamos unas fotos que tomamos el pasado lunes 12 de octubre en unas cuevas de arrastre. Corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene. No había agua potable para los trabajadores; estaban en tenis, sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, auto-rescatadores y los trabajadores no sabían si los tenían registrados en el IMSS”.

Las cuevas inundadas el viernes dentro de un tajo carbonero al norte de Coahuila fueron exhibidas por Proceso desde noviembre pasado, poco después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la reactivación de compras de carbón a “pequeños productores”.

El reportaje “El negro negocio de las carboeléctricas de la 4T” fue publicado en el número 2229 de la edición impresa de Proceso, cuya circulación inició el pasado 22 de noviembre.

Además, un video sobre las condiciones del lugar, los dueños, los accidentes previos y los contratos carboneros con la CFE fueron publicados en la misma fecha en el canal de YouTube de Proceso.

Las minas de carbón implican una infraestructura aun en su expresión más rudimentaria en las explotaciones conocidas como “pocitos”. Sin embargo, en este caso no reúne ni esas características, pues la excavación se hizo en las paredes de un tajo carbonero en desuso, incrementando la inseguridad de las operaciones que acumulaba hasta entonces la muerte de 9 mineros.

Las empresas que operan dichos yacimientos son de Eduardo Morales, un carbonero de la región que, a través de la razón social Carkim Industrial, obtuvo de la CFE un contrato de 20 mil 500 toneladas y un ingreso de 21 millones 521 mil pesos.