CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La presidencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados distribuyó entre sus integrantes un proyecto de dictamen que considera procedente el desafuero del diputado federal del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Dicho proyecto presentado por el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, sostiene que el inculpado ha recibido durante su desempeño como servidor público “cuantiosos ingresos que a lo largo de la secuela procedimental no están justificados”.

También destaca que respecto a su actividad económica privada “existe sospecha en cuanto a la licitud en la procedencia de esos recursos extra gubernamentales o privados”. 

Por tanto, se propone a los integrantes de la Sección Instructora “dictaminar que ha lugar a proceder penalmente” en contra del legislador petista, quien por cierto busca la reelección por un distrito de Puebla. 

El dictamen, una vez aprobado, sería remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en su oportunidad, lo discuta la Cámara erigida en Jurado de Procedencia. 

La fecha de la reunión de la Sección Instructora para analizar el proyecto de dictamen aún no ha sido precisada. 

Además del presidente Gómez Álvarez, participan en la Sección Instructora Martha Ramírez Lucero, también de Morena; Mary Carmen Bernal Martínez del PT y Claudia Pastor Badilla del PRI.

La petición de desafuero en contra de Toledo Gutiérrez fue presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Cámara de Diputados se encuentra en receso, por lo que para que pudiera votarse en el pleno de San Lázaro habría que convocar a un periodo extraordinario; de no ser así, el caso de Toledo Gutiérrez tendría que ser retomado por la nueva legislatura que entra en funciones en septiembre próximo.

En el proyecto que se propone a los integrantes de esta Sección Instructora, se detalla que si bien, a partir de 2009 Toledo Gutiérrez tuvo ingresos como diputado federal, incluyendo un préstamo “por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010, de los autos que integran el expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, bienes cuyo valor en aquél entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos”. 

Se agrega que, en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, radicado en la alcaldía Tlalpan, “entre la Fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, misma que resulta del estudio de los peritajes contables que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los 10.5 millones de pesos”.

En otro punto del dictamen se destaca que la Fiscalía señala que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado el imputado como servidor público, dentro del periodo comprendido entre los años 2012 a 2018, “consignó ingresos por un monto que asciende a más de 9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones, lo que representa una discrepancia que excede los 11.4 millones en tal periodo”.