Ciudad de México (apro).- A 26 años de la masacre de 17 campesinos a manos de policías estatales en la comunidad de Aguas Blancas, Guerrero, el Ejército Popular Revolucionario  (EPR) calificó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “igual que sus antecesores”, al mantener en la impunidad esa y otras matanzas ocurridas en la historia reciente de México e involucrar en la administración a personajes que han participado en la lucha contrainsurgente.

En un comunicado difundido en el contexto del 26 aniversario de que la masacre17 campesinos fueron asesinados por policías de Guerrero, entonces gobernado por Rubén Figueroa Alcocer, quien dimitió al difundirse fotografías que evidenciaron que las víctimas, que formaban parte de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), estaban desarmadas cuando fueron ejecutadas y que una vez fallecidas, los policías estatales les sembraron armas.

 La fecha es relevante para el EPR, pues cumple 25 años de su presentación pública, pues en 1996 un grupo de milicianos irrumpieron en el evento conmemorativo que se llevaba a cabo en el vado de Aguas Blancas, evento al que asistió entre otros personajes, el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

“Aguas Blancas vive en la memoria del pueblo organizado; no se puede olvidar semejante crimen de Estado, tampoco perdonar; a Aguas Blancas se le suman innumerables casos de naturaleza contrainsurgente desde esa fecha sigue intacta e impune, los hombres del régimen de antaño que organizaron y ejecutaron la contrainsurgencia hoy gozan de impunidad y continúan en las estructuras del Estado con las mismas labores contrainsurgentes, arropados con careta de hombres ‘intachables’ son los promotores de la ‘cuarta transformación”, señaló la organización armada en su comunicado al recordar que el 28 de junio de 1995 otros 21 campesinos resultaron heridos cuando se desplazaban de la comunidad de Tepettixtla, Coyuca de Benítez a Atoyac, para exigir la presentación con vida del dirigente de la OCSS, Gilberto Romero Vázquez, desaparecido desde mayo de ese año, así como para pedir fertilizante. 

En el documento firmado por el Comité Central del  EPR y el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) se hace un recuento de masacres y represiones a movimientos sociales ocurridas en el país, desde el 2 de octubre de 1968, pasando por el halconazo del 10 de julio de 1971; Acteal, Chiapas, en 2997; el Charco, Guerrero en 1998; Atenco, Estado de México, en 2006; Lázaro Cárdenas Michoacán, en 2006; las represiones al magisterio y al pueblo de Oaxaca en 2006; los eventos en Xoxocotla, Morelos en 2008; la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en 2014; la represión en Nochixtlán, Oaxaca, en 205; la masacre de Arantepacua, Michoacán, en 2015; “la ejecución extrajudicial” de Samir Flores en 2019 y la masacre de San Mateo del Mar, Oaxaca, en junio de 2020.

“Se diga lo que se diga, el presente gobierno al igual que sus antecesores se encuentra manchado de sangre del pueblo organizado, por un lado, le da continuidad a la impunidad con el silencio y la omisión, por otro, producto de su política de crímenes contra el pueblo continúan y se mantiene la impunidad a criminales de Estado, las más de doce mil desapariciones forzada en la presente administración son botón de muestra”, señaló el grupo armado.

El EPR califica de “cínico y chapucero” al gobierno de López Obrador, al considerar que “prometió, se comprometió y ha dicho en reiteradas ocasiones no reprimir al pueblo, no obstante, al igual que en el pasado, en todo el país se registran multitud de actos de represión y prácticas de terrorismo  de Estados, casos  especiales en entidades federativas donde gobierna Morena y aquellos donde el Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) intervienen con diligencia federal, Chiapas, Tabasco y Veracruz son ejemplo donde la GN actúa”. al amparo de la Ley nacional sobre Uso de la Fuerza.

La organización político militar, que ha tenido presencia en el sur del país, consideró que en la actual administración, “el ejército brilla como la columna vertebral del régimen e instrumento fundamental de la violencia de Estado; la GN destaca por ser falange castrense con la que se ejerce la represión; las fiscalías sobresalen por su labor inquisitorial contra las masas organizadas; y el Gabinete Nacional de Seguridad funge como el Estado Mayor criminal contra el pueblo organizado, instrumento subordinado a la voluntad militar y bajo el criterio de la contrainsurgencia”.  

Tras insistir en que la impunidad es el rasgo distintivo de Aguas Blancas, el EPR señaló como “responsables de organizar, ordenar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad en los años priistas (…) fincados en la política de contrainsurgencia de la escuela norteamericana”, a los generales Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, el primero ex comandante de la 27 Zona Militar y el segundo ex comandante de la IX Región Militar, ambas comandancias ubicadas en Guerrero.

El grupo insurgente destacó que, frente a ese escenario, la OCSS de la que formaban parte los campesinos masacrados.es “ejemplo de resistencia y memoria de lucha de nuestro pueblo”.

El EPR apuntó que la OCSS ha sido “criminalizada y reprimida desde esas fechas (1995) hasta la actualidad, el asesinato, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, encarcelamiento y persecución de muchos de sus integrantes es responsabilidad del Estado”.

La organización guerrillera resaltó que “en memoria de los masacrados a pesar del tiempo el pueblo clama justicia, viudas, huérfanos y familiares sobrevivientes debemos continuar la lucha por la justicia y el castigo a los criminales de Estado”.

Cabe destacar que este día integrante de la OCSS marcharon junto con otras organizaciones sociales, familiares de víctimas y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por la carretera de Tepetixla a el vado de Aguas blancas para seguir exigiendo justicia en el caso.