TOLUCA, Edomex (apro).- Una decena de mujeres: madres, hijas, hermanas y esposas de internos, entregaron al Poder Judicial estatal lo más preciado que les quedaba, su cabello, para exigir la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, con el objetivo de conseguir la libertad de sus familiares, en cuyos casos se denuncian fallas al debido proceso, violaciones a los derechos humanos y carpetas fabricadas por delitos graves.

Todas, con origen en el eslabón más bajo de las clases sociales o en los pueblos indígenas, destacaron el enorme poder simbólico del cabello para los pueblos latinoamericanos, como una manifestación física de los pensamientos y una extensión del ser humano. Cortarlo, advirtieron, representa un proceso de duelo. Por eso expusieron que es lo más importante que les queda para canjearlo por la libertad de sus internos.

“Nos han arrebatado la libertad, la familia. Nos han arrebatado el cabello, pero jamás nos quitarán la dignidad ni nuestras ganas de luchar”, destacaron.

Frente al edificio central del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), una a una las mujeres fueron rapadas mientras sostenían en sus manos imágenes de sus presos y exponían brevemente sus casos. “No tenemos dinero, todo lo hemos perdido”, destacaron, tras referir que los procedimientos judiciales también han desgastado sus economías, pues no sólo se quedaron sin la cabeza de la familia, también deben solventar gastos de defensa y al menos mil 500 pesos cada semana para que les permitan ingresar alimentos para sus detenidos.

En una protesta encabezada por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y por la organización Haz Valer Mi Libertad, parte de la estrategia “La Rebelión de Los Nadie”, las mujeres demandaron destrabar la aplicación de la norma para los procesados y sentenciados con supuestos actos de violación de derechos, fallas en la aplicación de principios penales, o con la plena presunción de fabricación de delitos, independientemente de su gravedad, pues un buen porcentaje de los falsos culpables han sido acusados de delitos de alto impacto. “Estamos pidiendo libertad para los inocentes, no para delincuentes”, precisaron.

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. estima que al menos 13 mil 500 internos en los penales mexiquenses son falsos culpables, mientras el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) advierte que son hasta 19 mil 500 los injustamente presos, criminalizados por el color de su piel, su condición socioeconómica, su nivel escolar o su origen.

“Son pagadores de delitos que no cometieron… La dignidad no tiene precio, no tiene color, no se compra, la traes o no la traes. Somos morenos, pero no delincuentes; somos pobres, pero honrados. Somos de familias trabajadoras, padres que tienen callos en las manos porque son albañiles, herreros, mecánicos; no andamos de traje, pero no somos delincuentes. No permitiremos que la Ley de Amnistía sea letra muerta”, destacó Lady Plácido, hermana de Daniel, sentenciado a 65 años de prisión, acusado de secuestro con el simple señalamiento vago de la víctima, quien indicó que vio pasar a un hombre “moreno” y “mugroso” de sus ropas, condición que –dijo Lady-- aplicaba a las ropas de su hermano porque trabajaba en una vulcanizadora y apoyaba a su papá en la herrería.

Desde su entrada en vigor, en marzo pasado, el Poder Judicial del Estado de México afirma que hasta el 21 de junio se han concedido 560 amnistías de mil 961 solicitadas. Sin embargo, José Antonio Lara, abogado del CDHZL, advirtió que ninguno de los beneficios se ha aplicado a los injustamente presos acusados por delitos graves.

En su oportunidad, José Humbertus Pérez, titular y fundador de Presunción de Inocencia, alertó que los lineamientos del Poder Judicial no contemplan el procedimiento que darán a las solicitudes planteadas por la Comisión de Amnistía de la Legislatura local, que será la encargada de analizar estos casos considerados especiales.