CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) responsabilizó al laboratorio chino CanSino y a la Secretaría de Salud de gestionar el contrato de adquisición de 35 millones de vacunas contra el covid-19, incluso para elegir su “empresa afiliada” en México –en realidad, una sociedad de papel constituida en Suiza-- y decidir el país en el que se rige la relación comercial: Singapur.

Sin desmentir ninguna parte del reportaje publicado hoy por Univisión y PODER –que reveló las anomalías en el contrato--, la Jefatura de Oficina del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a cargo de su exvocero Daniel Millán, aseveró que su papel en esta transacción se limitó a “facilitar un espacio de diálogo entre la empresa CanSino Biologics y las instancias adquirientes y técnicas de la Administración Pública Federal, particularmente con la Secretaría de Salud”.

Si bien Ebrard y la subsecretaria Martha Delgado presumen desde hace más de medio año sus gestiones para traer vacunas a México –entre ellas la CanSino--, la dependencia minimizó ahora su papel en la transacción y echó la responsabilidad a la SSA.

La Cancillería también aseveró que ella no tuvo “intervención alguna” en la designación de la empresa LATAM Pharma para llevar a cabo la “representación legal” de CanSino en el país; aparte, sostuvo que, “como es usual en transacciones internacionales de esta magnitud”, las partes eligieron que el contrato se aplicaría bajo las leyes de Singapur, para brindar “certidumbre jurídica a los firmantes”.

En el reportaje publicado hoy, las periodistas Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza revelaron que la empresa de papel de Suiza ni siquiera había sido constituida en el momento en que el gobierno federal firmó el contrato de adquisición de vacunas a CanSino, el 8 de diciembre de 2020. La sociedad fue dada de alta el 10 de diciembre –dos días después-- y formalmente constituida el 22 de ese mes.

El presidente de la empresa, Luis Doporto Alejandre, es un abogado especializado en estructuras offshore, conectado al círculo de poder del gobierno de Enrique Peña Nieto, y quien realizó una operación fraudulenta en paraísos fiscales para que la empresa farmacéutica Grupo Nadro absorbiera a su rival Grupo Marzam sin que las autoridades mexicanas se enteraran.

El caso salió a la luz en 2016, en la investigación global Panama Papers, en la que participó Proceso.