El expresidente municipal de San Fernando, Tomás Gloria Requena, quien fue investigado por las fosas clandestinas encontradas en abril de 2011 en ese municipio tamaulipeco, cavadas para ocultar cientos de cadáveres de víctimas de Los Zetas usando maquinaria que presuntamente era del municipio, aparecerá en la boleta electoral como candidato a diputado federal por la alianza “Juntos haremos historia” bajo las siglas de Morena y los partidos Verde y del Trabajo.

Gloria Requena fue presidente municipal por el PRI en San Fernando, de 2011 a 2013 y posteriormente tuvo cargos directivos en la Confederación Nacional Campesina (CNC). En su trienio se descubrió que 18 policías municipales colaboraban con Los Zetas bajando pasajeros de autobuses -entre mexicanos y migrantes centroamericanos-, que luego fueron encontrados torturados y asesinados en 47 fosas clandestinas que contenían más de 193 cadáveres. Seis meses antes, cuando aún no gobernaba, en ese mismo municipio se encontraron los cadáveres de 72 migrantes masacrados, asesinados por el mismo grupo criminal en complicidad con los policías.

En la declaración ministerial que el 17 de junio de 2011 rindió Edgar Huerta Montiel, el líder Zeta señaló cómo usaban camionetas y una patrulla pick up de la policía de San Fernando, para llevarse a la gente que bajaban de los autobuses que llegaban a la central camionera el mes de marzo de 2011; “se les formaba a un lado del autobús, se les ataba las manos con candados que son unas tiras de plástico con sierra, luego se les subía a los vehículos mencionados y se les llevaba al monte”. Si les parecían sospechosos -por tener números celulares de Matamoros, Reynosa, donde estaba el grupo enemigo, el Cártel del Golfo-, los asesinaban. “Se mataron como de 20 a 30 pasajeros por viaje por lo que fueron como 180 muertos”.

En las fosas encontradas en abril de 2011 fueron exhumados oficialmente 193 cadáveres. Personas del municipio aseguran que fueron el doble de esos cuerpos.

“Una vez muertos -prosigue la declaración del detenido-, se hacía un hoyo con una maquinaria de trascabo y enseguida se les enterraba, por lo cual se les echaba cal para que no oliera, luego la tierra encima, el trascabo lo manejaba un ayudante de ‘La Sombra’, el trascabo se obtuvo en préstamo por parte de Tomás, el presidente municipal de San Fernando, este presidente prestaba el trascabo del ayuntamiento, supongo que no sabía para qué era pero se lo prestaba a ‘El Sombra’. El presidente es muy amigo de ‘El Coyote’, y sí se sabe que ‘El Coyote’ es de Los Zetas, el presidente está puesto con nosotros y al decir ‘puesto’ quiero decir que no hace nada para impedir lo que hacemos, que yo sepa no recibe dinero por parte de la organización, pero como no quiere dinero se hace de la vista gorda y nos dejaba operar”.

Las acusaciones recolectadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/411/2011, indican que los elementos de seguridad y tránsito municipal junto a los Zetas, bajaban a pasajeros de autobuses foráneos y prestaban sus camionetas para trasladarlos a los ejidos cercanos donde los torturaban, asesinaban y enterraban en fosas clandestinas. Recibían un salario de parte del grupo criminal.

La  recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2/2011/2817/Q/VG, sobre estos hechos, muestra los testimonios de sobrevivientes y conductores de autobuses que indican la participación coordinada del cuerpo policiaco y los Zetas, usando unidades del gobierno municipal. Además, refieren en dos ocasiones la utilización de trascabos para ocultar los cuerpos de los asesinados. Esos trascabos, según la declaración de Montiel al momento de ser detenido, eran de  la presidencia municipal.

“Al tercer día (del cautiverio), llegó una máquina de construcción denominada ‘mano de chango’ que hizo un hoyo profundo en las inmediaciones del terreno y ordenaron a dos de las personas que echaran al hoyo a los muertos”, contó un sobreviviente a la CNDH, según se lee en el expediente de la recomendación 2/2011/2817/Q/VG. 

Documentos obtenidos por  la National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de la Universidad George Washington, tras litigar usando las  leyes de transparencia mexicana, reveló las siguientes declaraciones del policía -señalado también como sicario- Álvaro Alba Terrazas, “el Junior”: “Sé que los policías y tránsitos  de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”.

Por estos hechos la PGR tomó declaración a Gloria Requena dos meses después del hallazgo, y  -según se lee en el expediente-, el entonces edil dijo que no sabía de los secuestros masivos que ocurrieron en el municipio y aseguró que se enteró “una vez que le dieron manejo los medios de comunicación, tras una denuncia de un familiar de uno de los pasajeros, no recuerdo la fecha en que tuve conocimiento”.

Negó que el municipio de San Fernando tuviera maquinaria de construcción.

El edil se declaró inocente

Según declaraciones ministeriales que se pudieron obtener para esta investigación, el 30 de junio de 2011, el entonces alcalde de San Fernando, acompañado de su abogado Jorge Alberto Rodríguez Loera, compareció en la delegación de la PGR en Matamoros por el hallazgo de las 47 fosas clandestinas, donde respondió a 19 cuestionamientos sobre el cuerpo de seguridad municipal y el supuesto préstamo de maquinaria para cavar las fosas.

El presidente dijo que las decisiones en seguridad eran determinadas por Morelos Jaime Canseco Gómez, entonces secretario general del gobernador Egidio Torre Cantú.  Por parte del municipio, Guadalupe Contreras Rangel era el encargado de entregarle reportes de la situación de seguridad local.

El agente del MP preguntó si había sido informado sobre el secuestro de pasajeros de unidades foráneas en las terminales de autobuses de Ómnibus de México, Autobuses de Oriente o Transpaís. La respuesta fue: “No, señor, no, no tuve conocimiento”. 

El entonces alcalde aseguró que al tener información de las inhumaciones ilegales viajó a Ciudad Victoria para contarle personalmente al secretario Morelos Canseco.

Sobre el señalamiento del uso de maquinaria de construcción del ayuntamiento de San Fernando para ocultar cuerpos, Tomás Gloria negó los hechos  presentando un oficio del ayuntamiento para informar la inexistencia de este tipo de unidades en propiedad, arrendamiento o comodato.

La postulación de Gloria Requena coincide con la petición de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y de diversas organizaciones de derechos humanos mexicanos y centroamericanos, de crear una Comisión Especial de Investigación, que con expertos nacionales e internacionales apoye a la Fiscalía General de la República en las investigaciones sobre el hallazgo de las fosas en San Fernando durante el mandato del ahora candidato.

¿Quién es Tomás Gloria Requena?

Gloria Requena se formó en el PRI, dentro de los grupos Vanguardia Juvenil Agrarista y el Frente Juvenil Revolucionario. Fue diputado federal plurinominal de 2006 a 2009. El 4 de julio de 2010 fue electo presidente municipal con 67 por ciento de la votación a su favor. A mitad de su mandato como alcalde declaró en bancarrota el ayuntamiento. Al finalizar tomó el cargo de delegado de la CNC en Nayarit y Veracruz, y más tarde escaló a puestos directivos de la central campesina priista. En 2019 aspiró a dirigir el PRI en Tamaulipas.

En su video promocional de arranque de gobierno hace diez años aparece acompañado de distintas personas, entre ellas se ve a Beatriz Paredes y Emilio Gamboa Patrón. En San Fernando se dice que es cercano a Manlio Fabio Beltrones y a su operador estatal Marco Antonio Bernal.

En septiembre del año pasado renunció al priismo para sumarse al Partido Verde Ecologista, quien lo propuso como candidato a legislador federal por la alianza “Juntos haremos historia”, y fue aceptado por todos los partidos aliados.

Su campaña arrancó el domingo 4 de abril, el mismo día en que se conmemora el décimo aniversario del hallazgo de las 47 fosas clandestinas, una noticia que horrorizó a todo el país y que inspiraron dos películas que se estrenaron el año pasado, una de ellas es "Sin señas particulares“, y actualmente se realiza una más sobre el asesinato de la activsta que buscaba a personas desaparecidas, Miriam Rodríguez.

Durante la campaña ha recorrido sin incidentes el corredor fronterizo del distrito federal 3, integrado por nueve violentos municipios que pelean grupos delictivos y por donde trafican migrantes, armas, droga y combustible en viajes de máximo una hora y media en auto. En San Fernando el equipo del aspirante a alcalde al PRI, Arturo Galván, fue repelido con disparos el 25 de mayo pasado. 

El panorama delincuencial y violento del distrito donde Requena quiere ser diputado, se asemeja al que transitó diez años atrás en San Fernando. En una entrevista para el medio Posta difundida en marzo de 2021, el expriista rememora que la vida en el municipio era libre y segura: “podías andar a la hora que tú quisieras, podía estar tu casa abierta y transitar sin ningún problema. Lamentablemente el desarrollo, el crecimiento, los avances y una serie de descomposiciones sociales que se vinieron nos estigmatizaron”.

A finales de abril para esta investigación se consultó a Comunicación Social de la FGR sobre la investigación que abrió en su momento sobre la presunta participación del ayuntamiento y del entonces alcalde en la investigación sobre las fosas. “No hay información del tema”, respondió el funcionario. 

Cuestionada al respecto la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familias de víctimas de las masacres ocurridas en San Fernando, confirmó en entrevista que el expediente del caso menciona el préstamo de maquinaria para cavar las fosas. A una década de los secuestros masivos y el hallazgo de los entierros ilegales, la abogada de las víctimas, Delgadillo, refiere que no existe acusación formal dentro del expediente contra los policías y se desconoce cuántos continúan presos. 

“Lo que se confirma es lo que se decía públicamente en el hecho de que, el presidente municipal en ese entonces, prestó los trascabos a los grupos del crimen organizado para que pudieran hacer las fosas”, expresó la abogada el 31 de marzo al ser entrevistada para esta nota.

“Hasta este momento no hay ninguna investigación que profundice sobre este hecho, por qué sucedió, si había vinculación del presidente con el crimen organizado se tiene que investigar. Lo que sí es cierto es que esta información se confirma con el expediente”, dijo en entrevista el 31 de marzo de 2021.

Las víctimas de San Fernando comenzaron a informar, desde 2018, a estos periodistas, que los policías implicados -con excepción de una mujer a la que se le acusó por otro delito en la cárcel- habían regresado al municipio o que algunos se habían mudado a Estados Unidos.

Entrevistado el 28 de agosto de 2018, en la sede nacional de la CNC de la ciudad de México por las acusaciones en su contra, para el proyecto periodístico sobre masacres de migrantes #Másde72, el entonces delegado estatal argumentó que no existían denuncias en el municipio por las desapariciones que estaban ocurriendo, por lo cual no se enteró. 

Los familiares de víctimas han señalado en distintas ocasiones que ellas denunciaron y viajaron a investigar al municipio para preguntar  por el paradero de sus parientes desaparecidos. El edil dijo que no estaba informado, a pesar de que ha quedado establecido tras investigar periodísticamente de que las detenciones de pasajeros de autobuses en la central camionera y en la carretera 101 que cruza el municipio, ocurríeron durante el mes de marzo de 2011, y se intensificaron la última semana ocurriendo al menos dos veces al día, en la calle principal del poblado, a una cuadra de la secundaria. 

-¿Y usted pidió ayuda cuando veía que bajaban a la gente de los autobuses?- se le preguntó en la entrevista.

-Yo nunca vi nada -respondió.

Al ser cuestionado sobre la participación de la policía municipal en los secuestros, torturas y asesinatos, cuando el municipio estaba bajo el control del grupo de Los Zetas, dijo que él heredó a esos elementos, que era recién llegado cuando ocurrieron los secuestros y, mencionó que los policías denunciados fueron liberados, “una vez que los liberan, los exentan de todo cargo que habían denunciado porque era presunción (de delito)”.

En otro momento insinuó que eran inocentes: ·Según lo que yo entiendo de acuerdo a la ley, si la ley los libera quiero pensar que hicieron una investigación y bueno pues tomaron una decisión ¿no?, un juez les dicta la libertad.”

-¿O (qué hizo) cuando veía que los Zetas controlaban, cuando los veía dando rondines y dándole a la gente las instrucciones de qué hacer todos los días? 

-Tú tienes mucha información, me parece que seguramente algún día de esos anduviste por allá, yo no alcancé a ver todo lo que tú viste.

-¿Y el trascabo municipal por qué estaba, por qué lo usaban y hacían los hoyos de las fosas? 

-Eso es lo que te digo, también es otro tema de información, si buscas, si tú ves el ayuntamiento no tenía maquinaria, nosotros no teníamos maquinaria entonces, no sé si en la actualidad tengan, pero entonces no teníamos en nuestro padrón maquinaria. (Lo del trascabo) fue un comentario que salió y lo investigaron- respondió.

San Fernando, capital de las desapariciones

Según la recomendación de la CNDH 2/2011/2817/Q/VG, emitida el 30 de septiembre de 2019, un sobreviviente relató lo que ocurría a los pasajeros de autobuses que eran bajados en 2011 en San Fernando: “El chofer paró la unidad en la central, bajó a la oficina e inmediatamente llegó una camioneta roja con vidrios polarizados y sin placas de la que bajaron 3 personas y una por una subieron al autobús. La segunda persona les ordenó que bajaran del camión golpeándolos. Debajo de la unidad les taparon la cara con sus playeras y engañaron a las 9 personas para que subieran a la camioneta. “El grupo llegó a una casa donde los bajaron del vehículo y descubrieron que uno de los señores que iba hasta abajo había muerto por asfixia. Al entrar a la casa vieron a más de 40 personas armadas en el patio, allí  un hombre les ofreció trabajo a cambio de no irse a Estados Unidos.“Una persona guatemalteca les dijo que él no colaboraría jamás con ellos y les ofreció tres mil dólares, argumentando que era cristiano; esta situación los molestó mucho (…) y un hombre lo golpeó con un bate hasta asesinarlo. Un primo del sobreviviente reclamó y otros hombres se lo llevaron a otro sitio, de donde se escuchó una ráfaga de balas.  

“Al tercer día (del cautiverio), llegó una máquina de construcción denominada ‘mano de chango’ que hizo un hoyo profundo en las inmediaciones del terreno y ordenaron a dos de las personas que echaran al hoyo a los muertos”. Otro sobreviviente detalló: “en el lugar se encontraban otros cadáveres y llegó una máquina de construcción que cavó un hoyo y echaron a diversas personas, aproximadamente eran 10 hombres y llegué a escuchar que no todos se encontraban muertos”.

La relación entre el cuerpo de seguridad y vialidad del ayuntamiento de San Fernando y Los Zetas quedó al descubierto por las declaraciones de los conductores de autobuses foráneos que relataron la actuación en contubernio para secuestrar a pasajeros. 

El primer testimonio se dio el 2 de abril, de acuerdo con documentos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas entregados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  en la que el conducto identificó la participación de “dos patrullas de Seguridad Pública Municipal que contaban con rótulos de la Policía Municipal” en la protección de Los Zetas y el secuestro de personas a plena luz del día en las calles de la localidad tamaulipeca.

El 8 de abril otro conductor narró a detalle lo que comenzó a suceder cuando los autobuses llegaban a las terminales en dicho municipio a partir del 20 de marzo de 2011.

“Al temer por mi vida obedezco… este sujeto ve el número económico del autobús... 3550 y me dice: a ti te estábamos esperando, preguntándo que de dónde venía y le dij[e] que de Uruapan, Michoacán, por lo que me pide la lista de los pasajeros, la cual le entregué; en eso me pregunta que cuántos pasajeros traía y le dije que casi venía completa, y me dice que me fuera señalándome a la oficina o taquilla.

“Al voltear al autobús, veo que están bajando al pasaje que traía (…), puras personas del sexo masculino todos entre las edades de 25 a 35 años de edad y vi que en ese momento bajaron alrededor de algunas 10 personas aproximadamente, por lo que abro la cajuela y nadie se regresó por su maleta.

“Veo que [un sujeto] empieza hablar por radio de frecuencia (…) en eso salen dos camionetas de la calle que está en contra esquina del Oxxo, siendo dos camionetas PICK UP como tipo RAM de color blancas, con logos policía municipal de Tamaulipas.”

El 13 de abril de 2011, Marisela Morales, entonces titular de la Procuradora General de la República (PGR), anunció la captura de 16 policías y tránsitos por trabajar para la delincuencia. En 2014, la organización National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de la Universidad George Washington dio a conocer -tras ganar un litigio a la PGR- que 18 policías habían sido aprehendidos y no 16.

Otros señalamientos

Tomás Gloria Requena ha sido señalado anteriormente por otros presuntos delitos. En un reportaje de Proceso  fue señalado por haberse quedado con la preparatoria Ponciano Arriaga que era propiedad del municipio.

Ese dato fue utilizado por su contrincante en la contienda electoral, la candidata a diputada priista Martha Jiménez, quien en el debate del 15 de mayo lo acusó de robarse la escuela a través de la asociación civil Promotora de Educación en San Fernando, de la cual presuntamente son propietarios el candidato a diputado federal y el priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

En 2014, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas y el sucesor  de Gloria Requena en la presidencia, Mario de la Garza, denunciaron que no dejó documentos del cierre financiero de su administración. El 22 de septiembre de 2014, el Congreso tamaulipeco informó que fue multado con 25 mil pesos por atrasarse en dicho trámite.

El 28 de marzo, en la página de FB de TVNoticiasTam, cuando se anunció su candidatura se creó una polémica. Entre los 49 comentarios a la noticia abundaron comentarios de tamaulipecos que lo señalan por la violencia, por la preparatoria, por su pasado priista.

Según la empresa Massive Caller, Tomás Gloria es el puntero en la preferencia electoral en el distrito 3, que abarca los municipios de Burgos, Cruillas, Gustavo Díaz Ordáz, la zona rural de Matamoros, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, por delante de  las candidatas del PAN y PRI, María del Carmen Pérez Rosa, la “Inge”, y Martha Alicia Jiménez Salinas, respectivamente; esta última quien estuvo al frente de una iniciativa para albergar a “mil niños huérfanos” del municipio, a causa de la violencia de esos años. Proyecto que quedó inconcluso.