CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la violencia política que ha marcado las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a México a garantizar la vida, integridad personal y seguridad de candidatas y candidatos, así como de otros actores políticos “sin distinción alguna, con miras a asegurar que los derechos a elegir y ser elegido puedan ser ejercidos libres de violencia”.

A nueve días de que se realicen los comicios, el organismo instó al Estado “a iniciar investigaciones y continuar las que ya están en curso, de modo diligente, sobre todos los hechos de violencia reportados”.

En un pronunciamiento, la CIDH destacó que ha observado “la ocurrencia de preocupantes hechos de violencia ejercida en contra de personas precandidatas y candidatas, así como respecto de personas dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas”.

El organismo retomó datos del Mecanismo de Protección a Candidatos, que del 4 de marzo al 21 de mayo recibió 398 denuncias por amenazas o agresiones, entre ellas 13 asesinatos en contra de aspirantes a puestos municipales y locales.

Resaltó que desde el inicio del proceso electoral, en septiembre de 2020, hasta el 26 de mayo pasado, 88 políticos, 34 de ellos precandidatos y candidatos, habrían fallecido como consecuencia de la violencia.

La CIDH retomó información publicada sobre amenazas telefónicas y en redes sociales para conminar a personas a renunciar a sus candidaturas, “bajo el riesgo de afectaciones a su vida e integridad o a la de sus familiares, así como secuestros”.

También mencionó las denuncias sobre “presunta intimidación, malos tratos físicos o verbales, así como actos disruptivos con el objetivo de interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos”.

Citando al Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que se han registrado 54 quejas relacionadas con violencia política contra mujeres por razones de género, principalmente en el ámbito municipal, y también existen denuncias por la “presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas que habrían sido ocupadas por personas que no pertenecen a dichos grupos étnicos y raciales”.

La CIDH recibió información del Mecanismo de Protección a Candidatos, en torno de la protección a 65 candidatos, de los cuales “40 de ellos cuentan con protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades”, en tanto que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana notificó que “existe instrucción del titular del Ejecutivo de proteger a los candidatos que se encuentran amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sin importar el partido que sean”.

El organismo añadió: “La ocurrencia de ataques en contra de actores políticos, en el marco de un proceso electoral, además de vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, también afecta los derechos de las personas electoras y candidatas”, sin contar con que violenta lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de votar y ser elegido.

Al citar disposiciones internacionales de derechos humanos relacionadas con contextos electorales que obligan a los Estados a “garantizar la plena igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad”, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a participar en política y que condenan la violencia contra la mujer, la CIDH reiteró al Estado mexicano “su deber de prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, la violencia y el acoso político en contra de las mujeres en el marco de procesos electorales”.

Abundó: “La CIDH manifiesta su rechazo a estos hechos de violencia y llama al Estado mexicano a continuar garantizando, a través de su Mecanismo de Protección a Candidatos y otros medios pertinentes, las medidas de protección y seguridad para asegurar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas candidatas a elección de cargos de los distintos órdenes de gobierno y otros actores políticos, sin distinción alguna, con miras a asegurar que los derechos a elegir y ser elegido puedan se ejercidos libres de violencia”.