CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la grave crisis de finanzas públicas y la considerable desigualdad en México a raíz de la pandemia de covid-19, un grupo de reconocidas organizaciones urgió el gobierno federal a incrementar los impuestos a los más ricos del país, sea a través de un impuesto progresivo a la propiedad o a las herencias, o bien mediante una tasa a la riqueza neta de las personas.

De por sí, en los últimos cinco años el gobierno federal vio una reducción de 6.4% a 2.2% del PIB en “recursos disponibles” para realizar política pública, como producto de las bajas tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que paga el 10% más rico del país –de 11.7%--, los bajos impuestos sobre el patrimonio –apenas 0.33%-- o la ausencia de un impuesto sobre la riqueza neta o las herencias.

En un amplio informe titulado “La vacuna contra la desigualdad”, Fundar, Oxfam y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) resaltaron que la pandemia desencadenó afectaciones graves a los ya frágiles sistemas públicos de salud, de alimentación y de educación, causando mayores estragos entre las personas más pobres –arrojando cerca de 10 millones en situación de pobreza-- y principalmente las mujeres, personas mayores e indígenas.

Los multimillonarios de México, por su parte, aumentaron sus riquezas en aproximadamente 741 mil millones de pesos durante el primer año de la pandemia, en un país donde el 10% más adinerado concentra 28% del valor de las propiedades inmuebles.

Las organizaciones sugirieron implementar una recaudación anual uniforme de 3.5% a las personas que tengan más de 10 mil 746 millones de pesos, lo que permitiría al gobierno mexicano obtener 99 mil millones de pesos, monto superior a “lo presupuestado para el Insabi en 2021 y 8.2 veces más que lo destinado a los Institutos Nacionales de Salud”.

Al otro lado del espectro social, la crisis económica detonada por la pandemia provocó graves estragos y marcó un retroceso de décadas en materia de desigualdad de ingreso y de género: con la recesión de 9% observada el año pasado, desparecieron un millón de empleos; 34% de las mujeres –las principales víctimas de la crisis-- perdió su trabajo, y 44% de la población tuvo un ingreso insuficiente para comprar una canasta alimentaria.

“La falta de medidas y programas adicionales por parte del Estado mexicano para enfrentar la crisis económica ha puesto a millones de mexicanos en medio de un dilema: cuidar su salud y la de sus seres queridos o mantener su empleo arriesgando su vida y salud”, deploraron las organizaciones.

Y, como adelantaron varios organismos desde los primeros meses de la crisis, la pandemia agravó la ya abismal brecha de desigualdad en el país. En el tercer trimestre de 2020, el ingreso del 20% más rico de la población mexicana era 146 veces mayor al que recibía el 20% más pobre, contra una diferencia de 34.3 en el mismo periodo del año anterior; el índice de Gini, por su parte, se disparó de 0.49 a 0.54.

La pérdida de empleos desencadenó, a su vez, la salida de miles de personas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los arrojó al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que “cuenta con menor calidad” en la atención de salud, de acuerdo con el informe.

Aparte, la emergencia sanitaria colapsó el ya frágil sistema de salud pública que, por falta de recursos humanos, materiales y financieros, resultó incapaz para implementar un programa eficiente de pruebas y dar atención a los enfermos, pero también para crear un fondo destinado específicamente a adquirir las vacunas –en lugar de esto, los recursos salen del presupuesto etiquetado para atender padecimientos de alta especialidad--.

En materia de educación pública, se estima que la crisis sanitaria provocará la pérdida de casi 0.6 años de escolaridad como consecuencia del cierre de escuelas y la salida de 2.3 millones de personas del ciclo escolar como producto directo de la pandemia, ya sea por la imposibilidad de seguir clases a distancia, por desinterés o por no tener a ningún adulto que supervise las tareas.

Y esto sin siquiera tomar en cuenta que 62 mil 629 escuelas públicas de educación básica siguen sin contar con un solo lavamanos.